Tras la declaración del exjefe de la UDEF Manuel Morocho ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón sobre las presiones que sufrió para que abandonara la investigación del 'caso Gürtel' solo podía ser cuestión de tiempo que uno de sus superiores, en concreto, quien le pidió estar informado de los informes que hacía al juez y le ofreció un destino en Lisboa, acabara imputado. El juez ha citado a declarar el próximo 28 de junio en esta condición al comisario principal José Luis Olivera, que fue superior de Morocho en la UDEF y ex director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
Olivera, que a lo largo del 'caso Kitchen' aparece reiteradamente en conversaciones grabadas por el principal imputado, su amigo José Manuel Villarejo, deberá responder en relación con el espionaje parapolicial organizado desde el Ministerio de Interior para lograr arrebatar al extesorero del PP Luis Bárcenas la información comprometedora que pudiera tener del partido.
A diferencia de otros mandos policiales, Olivera parecía lograr eludir la imputación, pese a que el entorno de Villarejo llegó incluso a proponerle como director adjunto operativo (DAO). El magistrado la ha acordado tras escuchar de boca de Morocho las presiones que sufrió para que abandonara la investigación de la principal trama de corrupción que ha afectado al PP y la principal pieza derivada de ella, la de los 'papeles' de Bárcenas, en los que este anotó durante años las entradas y salidas de dinero b del partido.
Respaldo del ministro
Además de tratar de darle más trabajo, el policía relató que Olivera le citó en una cafetería en junio de 2013 para ofrecerle un puesto en la ONU. Durante el encuentro el comisario principal recibió una llamada y al descolgar saludó con "un ministro", extremo negado tajantemente por la defensa del responsable entonces de Interior, Jorge Fernández Díaz, también imputado en la causa.
La declaración de Olivera se producirá un día antes que la de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, y dos que la de quien era jefe de gabinete de esta y de su marido. Villarejo y el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez comparecerán el día 1 de julio.
A cambio de dinero y de regalos
Por otra parte, en otra de las piezas del 'caso Tándem', en el que se investigan las cloacas policiales y Villarejo es el principal imputado, la Fiscalía Anticorrupción solicita 10 años de cárcel para el comisario del aeropuerto madrileño de Barajas Carlos Salamanca por haber aceptado del empresario Francisco Menéndez entre 2012 y 2015 "dadivas de elevada cuantía, en dinero y en especie, para sí y para el disfrute de sus familiares más cercanos, como su esposa y su hijo".
El objetivo de esos pagos era que permitiera la entrada ilegal en España de los clientes de Ménendez, responsables de la petrolera estatal de Guinea Ecuatorial (GEPETROL), y de su suegra, que carecían de visado, así como su salida sin pasar por el control aduanero. El ministerio público pide seis meses de prisión para Menéndez al aplicarle la atenuante de colaboración con la justicia por haber denunciado los hechos.
Se da la circunstancia de que el arresto de Villarejo en noviembre de 2017 se produjo por esta pieza. La treintena que tiene ahora se ha ido abriendo a medida que aparecían grabaciones realizadas por el expolicía y se conocían sus contratos con distintas empresas para perjudicar a la competencia.
