La jueza de Instrucción número 5 de Castellón, que instruye la investigación por delitos de integridad moral contra quienes han publicado bulos contra políticos por falsos casos de pederastia en el marco del conocido como caso Bar España —un bulo basado en mentiras e invenciones que ha anidado durante dos décadas en el anonimato de internet— ha acordado el procesamiento de ocho de los investigados.

Entre los perjudicados por la difusión de estos bulos se encuentran el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra; el ‘expresident’ de la Generalitat valenciana Francisco Camps; la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra; o la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que declararon como perjudicados, estas dos últimas tras ser acusadas de no haber hecho nada por desmantelar la falsa red. Esta causa judicial arranca precisamente de las denuncias interpuestas en 2019 por una veintena de los perjudicados.

Según consta en un auto hecho público este martes por el TSJCV, se atribuye a los procesados supuestos delitos contra la integridad moral, contra la administración de Justicia, contra el honor y delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución, tras publicar en distintos medios digitales el bulo dándolo por bueno o prestarse a entrevistas en medios públicos en las que defendían la veracidad de los hechos.

De hecho, los procesados son, a juicio de la instructora, responsables de la difusión durante años de "continuas informaciones falsas aparecidas en distintas páginas, blogs y otros medios de comunicación" en las que se hacían eco de una supuesta "organización de corrupción mafiosa, política, judicial y de pederastia" que, según estos bulos, pudo incurrir en cientos de violaciones de menores.

"Durante años, internautas especializados en la propagación de bulos y en la difusión de teorías conspiratorias, difundieron la historia y la publicaron y mantuvieron en distintos foros", sostiene la jueza.

Añade que "ninguno de ellos ha realizado labor alguna de contraste y verificación de sus fuentes y de lo publicado, ocultando de forma deliberada la retractación de los entonces menores —supuestos denunciantes— y la condena de los autores de tales bulos por la falta de certeza de las acusaciones mantenidas".

El asunto parte de unas diligencias previas por delitos de injurias y calumnias y contra la Administración de Justicia, si bien posteriormente se registró una ampliación de denuncia de la Fiscalía y la titular de Instrucción número 5 de Castellón acordó acumular a esta investigación otros dos procedimientos por hechos similares seguidos en juzgados de Vinaròs y Madrid.

En este causa, en la que inicialmente constaron 20 investigados y 17 perjudicados, se investiga el perjuicio causado por una serie de "bulos" sobre presuntos casos de pederastia atribuidos a políticos y cargos públicos que han sido difundidos en internet desde hace más de 20 años sin que lo respalde ni un solo hecho real, más allá del nombre del bar.

Ya en 2002 fueron condenados por denuncia falsa los familiares de tres de los menores que habían denunciado, influidos por aquellos, haber sido víctimas de esa inexistente red de pederastia tras constatarse que habían mentido y fabulado todos los hechos.

La fabulación que entronca con los embustes del caso Alcàsser

El bulo del Bar España nace en 1997, al mismo tiempo que las mentiras difundidas sobre el caso Alcàsser por el padre de una de las niñas y el criminólogo desde el programa 'Esta noche cruzamos el Mississippi' en los meses previos al juicio por el triple crimen, iniciado el 12 de mayo de ese años. En ambos casos inventaron que "una trama de poderosos" se servía de menores para violarlos y, en ocasiones, matarlos. No es el único paralelismo. El origen del caso Bar España se sitúa en la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil de Castelló por el padre de dos niñas en abril de 1997 en la que aseguraba que habían sido agredidas sexualmente por un empresario italiano, precisamente la nueva pareja de su exmujer, cuya separación él nunca admitió. Pronto se le sumó un supuesto criminólogo, expulsado de una ONG, que le prometió ayudarle a desenmascarar una secta satánica que nunca existió. También le visitaron abogados ofreciéndose a ‘ayudarle’ y hasta hubo una fundación. El padre acabó condenado a 15 meses de prisión por calumnias y falsas denuncias. En pocas palabras, el caso Bar España nunca existió. T.D. València