El Defensor del Pueblo cuestiona la política migratoria del Estado y afea su gestión en la crisis humanitaria en Canarias. Francisco Fernández Marugán advierte que las Islas no se pueden convertir en un lugar en el que se conculcan derechos como la libre circulación y pone en duda la capacidad del sistema de acogida del Archipiélago, porque considera que los recursos actuales no cuentan con las condiciones adecuadas para dar una acogida digna. Estas advertencias las ha recogido en el informe La migración en Canarias, que entregó ayer al Congreso de los Diputados. El documento, elaborado tras su visita a las Islas a mediados de diciembre, también muestra la preocupación de Fernández Marugán ante la lentitud de los traslados de migrantes irregulares desde las Islas a la península y reclama una mayor coordinación entre administraciones.

  • Protección internacional. El acceso al procedimiento de asilo, apunta el informe, es uno de los mayores retos a los que se enfrenta el sistema español y europeo y sostiene que hay que mejorar la coordinación para dar una “respuesta coherente” a los desafíos que plantea su gestión. De los 23.023 africanos que arribaron a las costas canarias en 2020, según los datos de la Oficina de Asilo y Refugio, solo solicitaron protección internacional 295 –32 de Senegal, 74 de Marruecos y 189 de Mali–. Estos datos llevan al Defensor del Pueblo a requerir una “urgente revisión” del papel de la Policía Nacional y los letrados de oficio que, apunta, no llegan a formalizar todas las peticiones o no les hacen el debido seguimiento.
  • Coordinación. El Defensor del Pueblo ve necesaria la creación de un sistema integrado por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque el actual modelo disperso “provoca deficiencias en la gestión” de la migración. Además, considera “fundamental” abordar el fenómeno migratorio desde “una perspectiva solidaria entre todas las comunidades autónomas” e insta al Gobierno central a alcanzar un acuerdo estable con las autonomías para impulsar la colaboración interterritorial.
  • Traslados y libre circulación. Fernández Marugán lamenta la lentitud de los traslados de migrantes desde Canarias a la península, una situación ha detectado durante todo el año 2020. El informe destaca que las restricciones a la libre circulación de los solicitantes de asilo en las Islas, son objeto de quejas recurrentes ante el Defensor del Pueblo, a pesar de que los demandantes de protección internacional tienen derecho a la libertad de circulación por todo el territorio nacional. Por esto, subraya que Canarias no puede convertirse en un “lugar de privación de derechos”.
  • Centros de acogida. El informe señala que la “urgente necesidad” de habilitar nuevas áreas de custodia para detenidos extranjeros ha llevado a denominar como centros de atención temporal de extranjeros (CATE) a “lugares que no reúnen las condiciones mínimas”. El Defensor del Pueblo recomienda al Estado la creación de centros con carácter permanente que eviten “tener que improvisarlos sobre la marcha” y afirma que “el Plan Canarias parece constituir una buena iniciativa”.
  • Menores no acompañados. Fernández Marugán apuesta por agilizar trámites como la identificación de las necesidades de protección internacional de los menores no acompañados, la detección de potenciales víctimas de trata, el protocolo para la determinación de la edad, la gestión de la documentación para su residencia legal y la integración sociolaboral, una vez que alcanzan su mayoría de edad.
  • Asistencia letrada e intérpretes. Las miles de personas que estuvieron hacinadas durante meses en el muelle de Arguineguín “estuvieron privadas de una asistencia letrada con las más mínimas garantías”, según el Defensor del Pueblo. Esta institución considera que son los letrados los responsables de asegurar la prestación de la asistencia jurídica a la que tienen derecho los migrantes, en unas condiciones que permitan ejercer la defensa de los derechos de estos ciudadanos. Fernández Marugán aconseja que las plantillas policiales que asisten a los migrantes tengan experiencia en la toma de datos; que los letrados estén especializados en cuestiones de extranjería; y que los intérpretes dominen las lenguas más comunes entre los migrantes africanos.
  • Desaparecidos en la ruta. ACNUR estima que al menos 480 personas perdieron la vida tratando de alcanzar las islas en 2020. El Defensor del Pueblo destaca en su informe que la ausencia de un registro de pasajeros y el limitado número de denuncias registradas dificultan la identificación y recuento de aquellos que pierden la vida en su intento de llegar a Europa. Por esto, apuesta por la creación de un sistema de identificación de personas desaparecidas en el trayecto y una oficina de atención a los familiares.
  • Países de origen. En su informe, el Defensor del Pueblo sugiere al Gobierno central “cambiar el enfoque” con el que aborda los flujos migratorios procedentes de Marruecos, para que se “adapte a la realidad social de la migración marroquí en España”. De los 23.023 migrantes que llegaron de forma irregular a las Islas, 11.998 -el 52%- son de nacionalidad marroquí. Además, recuerda que en el país residen legalmente en la actualidad más de 700.000 ciudadanos marroquíes y subraya que “Marruecos es el tercer país del mundo donde más visados españoles se tramitan y se conceden”.