El Pleno del Senado rechazará previsiblemente este miércoles una moción del PP en la que insta a modificar diversas normativas para penalizar y perseguir con más eficacia las okupaciones, como la prohibición de empadronarse en un inmueble okupado o la expulsión forzosa de los allanadores si no desalojan de forma voluntaria.

La cámara alta ha debatido esta tarde una moción consecuencia de interpelación que ha defendido el senador del PP Fernando de Rosa y ante la que, pese a que aún no ha sido votada, ha expresado su rechazo la mayoría parlamentaria.

Para el PP, la okupación, con 40 inmuebles allanados al día, es un problema en aumento del que Fernando de Rosa responsabiliza al Gobierno por amparar y proteger legislativamente al okupa en detrimento de los legítimos propietarios.

De Rosa ha advertido de que frente al aumento de penas de prisión en países como Italia o de medidas para desalojar de forma inmediata a quienes usurpen una vivienda, "España va para atrás protegiendo a delincuentes".

En ese sentido, el PP ha defendido suprimir la competencia del tribunal del jurado para enjuiciar ocupaciones e incluirlos en la categoría de juicios rápidos o modificar la ley de enjuiciamiento civil para evitar que el ocupante ilegal goce de protección.

La iniciativa del PP, que, a falta de la votación, ha contado con respaldo de senadores de VOX, de UPN y de PRC e incorporado enmiendas de los dos primeros, no ha sido apoyada por el resto de la cámara, crítica con la moción porque "pone todo en el mismo saco", en palabras del grupo vasco, al no ponderar los derechos de vivienda y propiedad privada.

"Tirar adoquines es violencia, disparar con munición real en Linares es violencia y desahuciar a personas vulnerables de la vivienda que han ocupado es violencia y no debemos consentirlo", ha dicho la senadora de Izquierda Confederal María Pilar González.

Desde las filas del PSOE consideran que la moción del PP no tiene en cuenta que el Gobierno está actuando ya contra esas usurpaciones después de la instrucción dictada por la Fiscalía y la orden dada a las fuerzas de seguridad.