La Audiencia Nacional ha rechazado citar como testigos al presidente Pedro Sánchez, a la fiscal general, Dolores Delegado, o a los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, como reclamaba el excomisario José Villarejo entre las pruebas propuestas por su defensa para su próximo juicio.
La sección cuarta de lo Penal, que juzgará a Villarejo por tres piezas de la treintena que le han sido abiertas desde su detención en 2017 en la operación Tándem, ha adoptado esta decisión en el auto de admisión o denegación de pruebas de cara a ese juicio para el que aún no se ha fijado fecha, han informado a Efe fuentes jurídicas.
Según ha explicado a Efe el abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, su petición de llamar a declarar a estos miembros del Gobierno y a la fiscal general del Estado reside en que todos ellos han tildado en algún momento al excomisario de corrupto y chantajista ante la opinión pública, lo que ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, y por eso quiere que den explicaciones.
La Sala ha rechazado además todas las pruebas testificales, documentales y periciales con las que el abogado trata de demostrar que el excomisario tenía autorización de sus superiores para actuar como agente encubierto, lo que, entiende, perjudica su derecho a la defensa.
En concreto, la Sala no ha atendido su petición de que sus superiores jerárquicos sean llamados como testigos, entre ellos el exnúmero 2 de la Policía Eugenio Pino, y que los magistrados han desechado con el argumento de que están imputados en otras piezas de la causa que no son objeto de este juicio.
En ese mismo auto, contra el que no cabe recurso, también descartan las pruebas documentales solicitadas por la defensa, como la copia de un chat en el que Eugenio Pino sostenía que Villarejo trabajó para el CNI o un correo electrónico en el que el exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) José Luis Olivera, le advierte de que él no es "un agente encubierto al uso que requiere autorización judicial".
Tampoco entiende la defensa que la Sala se haya opuesto a llamar a declarar al excolaborador del CNI que propició la apertura de la investigación a Villarejo a través de una carta que remitió a Fiscalía sobre los negocios del excomisario.
Villarejo fue detenido junto al excomisario de Barajas Carlos Salamanca en la operación Tándem a raíz de una denuncia ante la Fiscalía por presuntamente dar visados de forma irregular a ciudadanos guineanos a cambio de dádivas y regalos.
De esa primera investigación derivaron después las demás piezas, abiertas según se descifraban los archivos de los trabajos que el excomisario llevó a cabo desde su empresa, Cenyt, así como de audios de conversaciones grabadas que le fueron intervenidos a él y a su socio Rafael Redondo.
El primer juicio a Villarejo por el caso Tándem será por tres piezas de la causa, Land, Iron y Pintor, que la Sala decidió unificar en un solo procedimiento.
A la vez, decretaba la puesta en libertad del excomisario en esas tres causas a punto de enjuiciarse, sin que ello supusiera no obstante su excarcelación, al estar en prisión por otras piezas del caso.
Los magistrados valoraron que Villarejo lleva en prisión provisional más de tres años y que el delito más grave por el que se le acusa en estas piezas es el de cohecho, que contempla una pena máxima de seis años de prisión.
Por eso, algunas partes en la causa no descartan que Villarejo pueda quedar en libertad al vencer en noviembre el plazo de los cuatro años en prisión preventiva sin que se haya emitido la sentencia por el que será su primer juicio.
