El exjefe de Seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño ha señalado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso 'Tándem' que en 2011 despachó con el presidente de La Caixa, Isidre Fainé, sobre el encargo que, junto a Repsol, realizaron a la empresa del comisario José Manuel Villarejo, según fuentes jurídicas presentes en la comparecencia consultadas por Europa Press.

Este martes han declarado en calidad de investigados tanto Fernández Rancaño como el que fuera director de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Araujo -ambos comisarios, uno en excedencia y otro jubilado- y el exsubdirector de Seguridad de Repsol Rafael Girona Hernández por ese encargo concreto, encajado en la pieza 21 de la macrocausa.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, investiga si, por medio del denominado 'Proyecto Wine', Repsol y La Caixa querían evitar que Sacyr Vallehermoso, mediante un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, se hiciese con el control del consejo de administración presidido por Antonio Brufau.

Araujo ha respondido a preguntas del juez y del fiscal durante aproximadamente una hora y cuarto, y ha explicado que decidieron recurrir a los servicios de esa empresa propiedad del comisario jubilado y en prisión provisional porque tenía una buena reputación en el sector.

Contratación verbal

Además, ha encajado esa contratación, que ha apuntado que fue verbal sin mediar contrato escrito, en un momento en el que la petrolera vivía una situación delicada porque existía un pacto entre Pemex y el que era presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero con el objetivo de repartirse los activos de la misma.

En ese sentido, según estas mismas fuentes, ha detallado que los objetivos que le pidieron a Cenyt era conocer la estrategia de Pemex y Sacyr, si había algún banco que respaldara sus intenciones, si se trataba de una suerte de caballo de troya que llevaba aparejada la participación como tapado de alguna petrolera rusa o china y si había una fuga de información interna -un 'topo' dentro de Repsol-.

Varias fuentes han indicado que Araujo ha enmarcado el primer contacto que tienen con Villarejo en una celebración tipo cóctel por el día de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional. Tras departir con él y temiendo que pudiera ser contratado por la parte contraria (Sacyr) deciden mantener una segunda reunión ya en las oficinas de la empresa de Villarejo en Torre Picasso, y entonces, con el aval de su prestigio, deciden hacerse con sus servicios.

Información obsoleta

Pero si bien en 2011 les pareció un buen fichaje para acabar con las intenciones de Del Rivero, pronto llegaron los primeros informes y, según ha explicado Araujo, detectaron que la información que manejaba era obsoleta y poco relevante. En cuanto a los pagos por esos informes -el auto de imputación habla de hasta seis documentos- fueron abonados según iba presentando avances.

Tras Araujo, y una vez que ha declarado Girona, ha sido el turno de Fernández Rancaño --La Caixa--, quien ha apuntado que la iniciativa en el asunto siempre la llevó la petrolera, aunque se acordó que el pago de los servicios de Cenyt eran al 50 por ciento.

Pero lo más relevante que ha señalado, según estas mismas fuentes, es que ese asunto de Pemex y Sacyr iba directo al entonces presidente Fainé -actual presidente de Criteria Caixa y de la Fundación Bancaria La Caixa- saltándose intermediarios como el vicepresidente Antonio Massannell, quien se habría desentendido por completo del tema. Con todo, ha añadido que si bien despachó sobre el encargo, no era el único tema y, de hecho, ni siquiera se podía calificar de relevante.

Por otro lado, según las fuentes consultadas, ambos jefes de seguridad han apuntado que cuando se contrató a la empresa de Villarejo, no pensaban que el comisario siguiera en activo, sino que entendían que estaba en excedencia. Y han indicado además que el objetivo que se le pedía a Cenyt era tener acceso a información empresarial y no espiar a nadie, conocer llamadas telefónicas o acceder a bases policiales.

Además, en las declaraciones de este martes han salido a la luz un segundo encargo que realizaron desde Repsol a Cenyt, este ya en 2014, cuando les piden que investiguen por qué motivo un consejero mexicano de Pemex que tenía que asistir a un consejo se ausentaba.

Esas pesquisas arrojaron que se había ido en vuelo privado a Alemania a seguir un partido de la Champions con el expresidente de Endesa Borja Prado y, de hecho, Cenyt presentó una foto del directivo en el aeropuerto alemán.

River, Lr o Rio

Según el auto de imputación de García Castellón de noviembre, en el 'Proyecto Wine' Villarejo investiga a Del Rivero (al que se le denomina LR, Rio o River), a su esposa Natividad Martínez, a Rodrigo Álvarez (al que llamaban Cid), y a Fernando Ramírez (denominado Maza). Asimismo, en la contratación de los servicios de Villarejo se interesó recabar información de la petrolera mexicana Pemex, que días antes de conocerse la estrategia de Sacyr realizó una compra de acciones de Repsol.

Ese encargo a Cenyt, recuerda el magistrado, se debía ejecutar durante los últimos meses de 2011 y durante la primera mitad de 2012, por lo que Villarejo en esa fecha aún era comisario del Cuerpo Nacional de Policía en activo destinado en comisión de servicio en la Dirección Adjunta Operativa (DAO).

Durante el tiempo que Cenyt trabajó en este asunto, y según consta en los oficios de Asuntos Internos, redactaron hasta seis informes y se registraron varias 'charlas' con los clientes (Araujo y Fernández Rancaño). En uno de los documentos, denominado 'IF1Wine', se refleja el estudio económico elaborado por Cenyt para el desarrollo del proyecto, y en él ofrecía la posibilidad al cliente de escoger entre dos opciones de precio de ejecución de los servicios.

La primera opción tenía un precio de 925.000 euros, en la que se incluía una garantía de éxito de 475.000 euros que debía abonarse al final si los objetivos llegaban a cumplirse. La opción B, era más económica, pero en ella Villarejo no aseguraba el resultado del proyecto, por lo que el precio se reducía hasta los 675.000 euros.

En ese mismo documento, Villarejo y su socio Rafael Redondo detallaban los medios humanos y técnicos que utilizarían, como ocho dispositivos de comunicaciones, cuatro dispositivos de contramedidas, bases estáticas, doce coches y cinco motos para vigilancia, software y hardware para acceder a determinados bancos de datos, y hasta equipos de captación de audio en ambientes hostiles.