La Fiscalía del Tribunal Supremo de España mantendrá abierta la investigación al Rey Emérito, Juan Carlos I, a pesar de haya pagado voluntariamente una deuda con Hacienda de 678.393,72 euros.

Juan Carlos de Borbón abonó el pasado miércoles a la Hacienda esa cantidad, incluyendo intereses y recargos. Se trató de una declaración tributaria "sin requerimiento previo", según dijo en un comunicado su abogado, Javier Sánchez-Junco.

La declaración no está relacionada con bienes del Rey Emérito en el extranjero, sino con el uso por su parte y por algunos familiares suyos de tarjetas bancarias con fondos opacos de un empresario mexicano que está siendo investigado por la Fiscalía.

En un comunicado, la Fiscalía del Supremo señaló este viernes que esa acción del monarca afecta a "una investigación más amplia", en la que tienen que estudiar la "espontaneidad, veracidad y completitud" de dicha declaración tributaria.

Se trata del primer paso que ha dado el Ministerio Público del Alto Tribunal tras la regularización fiscal realizada por Juan Carlos I para evitar responsabilidades penales.

Eso sí, nada dice de la comunicación que la Fiscalía hizo a Juan Carlos I sobre la existencia de diligencias de investigación en su contra, algo que fuentes fiscales afirman es "habitual" en este tipo de diligencias preprocesales, no judicializadas.

No obstante, este factor puede evitar que la regularización exima de toda responsabilidad penal al monarca, ya que el artículo 305.4 del Código Penal señala que el pago debe hacerse "antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".

La Fiscalía tiene abiertas tres líneas de investigación contra el Emérito. Una, sobre una supuesta cuenta en Suiza presuntamente atribuida al monarca y el posible cobro de comisiones por las obras del AVE a La Meca (Arabia Saudí); otra, la que es objeto de la regularización sobre el uso de tarjetas opacas; y una tercera, incoada tras un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).