El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha suscrito este lunes el III Plan para la Igualdad de Género (AGE) y sus organismos públicos con los representantes sindicales de CSIF, UGT y CIG.

Tras la firma, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha destacado que será un referente para el desarrollo e implantación de otros planes o instrumentos futuros "no sólo en el ámbito público sino también en el privado".

El III Plan consta de 6 ejes con medidas instrumentales para una transformación organizativa; de sensibilización, formación y capacitación; de condiciones de trabajo y desarrollo profesional; de corresponsabilidad y conciliación, para evitar la violencia contra las mujeres; y de interseccionalidad y situaciones de especial protección.

A diferencia de planes anteriores, este incluye medidas de carácter transversal para el conjunto de la AGE, para avanzar en la homogenización y disponer de criterios y acciones comunes, al tiempo que incluye indicadores de impacto y ejecución para conocer tanto el grado de ejecución como la eficacia de dichas medidas.

El plan ha sido suscrito por los sindicatos CSIF, UGT y CIG, ya que CCOO, que ha participado en la mesa de negociación, ha decidido no respaldarlo al entender que el Gobierno "niega a su propio personal lo establecido en la Ley de Igualdad".

Para la secretaria de Igualdad de CSIF, Eva Fernández, se trata de "un acuerdo pionero" con aportaciones "para igualdad real y efectiva", que además ejercerá de ejemplo sobre las empresas, al incluir, por ejemplo, un programa de liderazgo para mujeres, así como mejoras en la conciliación.

Asimismo, su homóloga en UGT, Victoria Carrero, ha destacado el impulso que se da en el plan a las unidades de igualdad, dotándolas de personal y de formación, para que los ministerios puedan implementar la igualdad y perspectiva de genero en todas las actividades que lleven a cabo.

Entre otros puntos del plan, también es relevante para Carrero la realización del protocolo contra acoso sexualy la creación del ente de violencia sobre la mujer, que acompañará a las empleadas públicas víctimas de violencia de genero en su trámite judicial.

En un comunicado, CCOO ha justificado su renuncia a firmar el plan lamentando la ausencia de un diagnóstico real destinado a detectar los problemas en el ámbito y a permitir la aplicación de soluciones, entre otros motivos.