La Conferencia Episcopal (CEE) ha avanzado que apoyará cualquier recurso ante el Tribunal Constitucional si la ley de reforma educativa (Lomloe) se aprueba en sus términos, sin admitir cambios, al considerar que esta norma vulnera los derechos y libertades de los padres en la educación de sus hijos.

Así lo ha señalado este viernes el portavoz de la CEE, Luis Argüello, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Asamblea Plenaria, en la que ha hecho un llamamiento al diálogo con el Gobierno y le ha pedido que tenga en cuenta la propuesta de los obispos en materia de educación.

Una propuesta de la que no han obtenido ninguna respuesta por parte del Ministerio de Educación, según ha asegurado Argüello.

"Nosotros queremos seguir haciendo un llamamiento al diálogo, al pacto, al encuentro, pero diciendo que estamos dispuestos a apoyar cualquier demanda de anticonstitucionalidad si finalmente la ley aprobada tiene estos aspectos inconstitucionales", ha anunciado el secretario general de los obispos.

En concreto, a la Iglesia le preocupa que la ley introduzca "limitaciones a los derechos y libertades" al ejercicio de la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos y por eso ha mostrado su apoyo a las movilizaciones de asociaciones de padres celebradas estos últimos días.

Según Argüello, la ley Celaá "fuerza" la interpretación del artículo 27 de la Constitución sobre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, pero confía en que en el periodo que todavía falta para la aprobación de la ley pueda ser posible introducir mejoras.

Hasta el momento, sin embargo, la propuesta de la Iglesia no ha sido escuchada por el Gobierno, pero Argüello ha asegurado que los obispos no pierden la esperanza "porque sabemos que una ley educativa luego tiene decretos que la desarrollan y en nuestro sistema autonómico tiene, además, competencias de las comunidades autónomas".

"Por eso seguimos tendiendo la mano a un pacto educativo, a una acción conjunta, dejando claro también que la sociedad española, a través de las familias, de la propia escuela concertada, de la presencia de la Iglesia en la clase de Religión, si ha de defender sus derechos, lo hará", ha advertido.

Los obispos han lamentado también que el texto legislativo suprima el valor académico de la evaluación de la asignatura de Religión, y deje a los alumnos que no cursan esta asignatura sin una formación con contenido escolar y tachan de inaceptable que se hable de adoctrinamiento.

Argüello ha asegurado, asimismo, que a pesar de que se critique la escuela confesional, la propia ley Celaá es confesional "en su manera de entender la educación, en la perspectiva ideológica que tiene tras de sí y en la manera de entender los público identificado a lo estatal".

El portavoz de los obispos ha criticado otra de las leyes que prepara el Gobierno, la de eutanasia, y ha calificado de "preocupante" que a la hora de legislar se excluya del diálogo a sectores implicados, como los sanitarios que se dedican a los cuidados paliativos y que acompañan a los enfermos en el tramo final de la vida.