El Gobierno central ha impulsado un plan contra la desinformación que incluye examinar “la libertad y pluralismo de los medios de comunicación”, y que implica la creación de un organismo, la Comisión permanente contra la desinformación, compuesto exclusivamente por cargos políticos y técnicos de Presidencia del Gobierno, la Secretaría de Estado de Comunicación y cuatro ministerios. La medida ha sido inmediatamente respondida por fuerzas políticas como Vox y PP, así como por la Asociación de Medios de Información (AMI), entidad que agrupa a los principales editores de noticias de España, que considera que esta iniciativa “podría vulnerar el espíritu de la Constitución”.
El mecanismo, denominado Procedimiento de actuación contra la desinformación, ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional y su elaboración y publicación (ayer en el Boletín Oficial del Estado, BOE) corresponde al Ministerio de la Presidencia que encabeza Carmen Calvo. No obstante, diversos medios precisan que al frente del proyecto estarían Iván Redondo (jefe del gabinete de la Presidencia del Gobierno) y Miguel Ángel Oliver (secretario de Estado de Comunicación). La norma incluye cuatro niveles de activación, que sirven “tanto para detección de campañas de desinformación y su análisis ante unos posibles impactos en la Seguridad Nacional, como para el apoyo en la gestión de situaciones de crisis donde pudiera haber una afectación derivada de dichas campañas”.
En teoría, el procedimiento permitiría, en caso de que se considerase necesario, realizar campañas de comunicación públicas (que dirigiría la Secretaría de Estado de Comunicación) para frenar episodios de desinformación, una vez detectados. Pero entre el sector de los medios de comunicación preocupa esa función de examinar “la libertad y pluralismo de los medios de comunicación” que se cita explícitamente y que, en atención a los organismos implicados en esta iniciativa, podría corresponder al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El procedimiento, que se apoya en la Comunicación sobre la lucha contra la desinformación en línea de la Comisión Europea, se justifica en la proliferación de bulos y fake news en relación con la pandemia de covid-19. “La desinformación puede estar presente y afectar a cualquier campo, y en los tiempos actuales se ha observado de manera directa en la actual pandemia, viéndose acompañada de una ‘infodemia’ sin precedentes”, se precisa en la introducción a la orden de publicación del procedimiento.
La AMI, que aclara que “en ningún momento” ha sido informada de la puesta en marcha de este procedimiento, mostró ayer su “profunda preocupación” por la medida aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. En opinión de los principales editores de noticias de España, este procedimiento podría suponer en la práctica una vulneración del espíritu del artículo 20 de la Constitución, que establece el “derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”. Establecer niveles de activación que podrían llegar a la “toma de decisiones y coordinación a nivel político en el marco del sistema de seguridad nacional”, como indica la publicación en el Boletín Oficial del Estado, podrían conllevar la asunción de facultades que solo corresponden al poder judicial. “La defensa de los derechos fundamentales debe producirse tal y como fueron concebidos en la Carta Magna”, concluye la AMI.
El PP ha tachado el proyecto de “auténtico escándalo” y ha pedido al Gobierno que retire un procedimiento presentado “por la puerta de atrás”. Por su parte, Vox considera que, con esta decisión, el gobierno de Pedro Sánchez “instaura la censura”.
Bastida: “En un sistema democrático, el Estado no puede vigilar la pluralidad de los medios”
El Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional resulta, a ojos de los juristas, ”chocante”. Esa es de hecho la opinión de Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, quien precisa que, si bien le parece “correcto” activar un mecanismo para combatir las fake news, hacerlo a través de un examen a los medios de comunicación resulta “contradictorio”. “Creo que si el objetivo es defender la libertad de expresión y la libertad de comunicación, es contradictorio hacerlo examinando la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. Es un poco llamativo, porque en un sistema democrático el Estado no puede vigilar el pluralismo de los medios”, reflexiona Bastida, quien entiende que, para que no existiese ese pluralismo, tendría que darse la situación de que todos los medios perteneciesen al mismo propietario. “Pero ese sería un caso extremo”, señala, “y para evitarlo hay medidas antimonopolio”. Bastida entiende que el procedimiento debe dirigirse más a redes sociales que a medios de comunicación. “En casos como el proceso independentista de Cataluña se han visto políticas de desinformación claras, en aquel caso poniendo fotos que no se correspondía con los hechos para desprestigiar al Estado. Pero eran actuaciones a nivel de redes sociales, no a nivel de medios de comunicación. Porque si por parte de un medio hay desinformación, eso se contrarresta con más información veraz por parte de otros medios. Ese es el sentido de la libertad de expresión y de comunicación”, concluye.
