El presidente Sánchez no pone pegas a retirar su polémica iniciativa para reformar la ley orgánica del Poder Judicial y parece dispuesto a sacrificarla si hay acuerdo con el PP. Para ello está dispuesto a retomar la "negociación ya", "mañana mismo" incluso, con "todas las concesiones" posibles "dentro de la lógica". El PP reaccionó a la presión del líder socialista cuestionando sus intenciones, por considerar que se trata de "una cortina de humo" para tapar los reproches comunitarios a sus planes y manteniendo el veto a Podemos ante cualquier posible negociación.
Tras la advertencia de Bruselas sobre la improcedencia de abordar una reforma del calado de la elección de una parte de los miembros del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) saltándose toda consulta previa, Sánchez habló ayer en la capital comunitaria por vez primera sobre la proposición de ley, que el martes registraron PSOE y Unidas Podemos. En su comparecencia ante los medios posterior a la reunión del Consejo Europeo, defendió que la propuesta parlamentaria no deja de ser una "ley antibloqueo, para salir del atasco en que el CGPJ está sumido, por la resistencia de los populares a renovar a unos miembros cuyo mandato caducó hace ya más de dos años. "Si el PP vuelve a la senda del sentido de Estado, que es el sentido común, el Gobierno está más que dispuesto a llegar a un acuerdo ya, sin esperar un segundo más", subrayó Sánchez, quien acusó al PP de "politizar la justicia" al "mantener como rehén" al órgano de gobierno de los jueces. Con su "bloqueo inexplicable", los populares no pueden "utilizar la ley para incumplir la Constitución". En esa situación, el poder legislativo "tiene el derecho a modificar la ley para que se cumpla la Constitución", argumentó Sánchez para justificar la iniciativa legislativa de reforma de la ley del Poder Judicial. El jefe del Ejecutivo se mostró dispuesto a volver "mañana mismo" a negociar con el PP la renovación del CGPJ. "Los interlocutores del PP saben que tenemos la máxima disposición y la máxima disponibilidad para ceder. Tenemos disponibilidad para hacer concesiones y desbloquear esta situación".
El Gobierno quiere volver al mismo punto al que llegó a primeros de agosto, cuando tenía cerrado "al 99%" el acuerdo con los populares y saltó por los aires. Para los socialistas, todo fracasó por los reproches al inminente pacto de Cayetana Álvarez de Toledo tras su destitución como portavoz del PP en el Congreso. El PP justifica aquella la ruptura por el cuestionamiento que Podemos hace de la monarquía.
El PP cree que la operación desplegada en Bruselas por su líder, Pablo Casado, propició la dura respuesta de la UE al plan de Pedro Sánchez. Ahora, los populares se muestran dispuestos a sentarse a negociar con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero se niegan a hacerlo con un partido "radical" como Unidas Podemos. En una entrevista en Onda Cero, el secretario de Justicia y Administraciones Públicas del PP, Enrique López, criticó que el presidente Sánchez trate de "obligar" a los populares a cumplir con sus obligaciones constitucionales con un partido "contrario a la Constitución".
López, magistrado en excedencia, es el interlocutor del PP en las negociaciones en torno al CGPJ y tiene buena sintonía con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, otro juez pasado a la política que se sentaría al otro lado de la mesa.
Las tensiones políticas en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial tienen ya repercusiones directas en el conjunto de la judicatura. La Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria -mayoritaria la primera entre los jueces y ambas de carácter conservador- anunciaron ayer que no acudirán a las reuniones que convoque el Ministerio de Justicia mientras se mantenga la proposición de ley de PSOE y UP. En un escueto comunicado conjunto, ambas asociaciones señalan que no se puede hablar de planes de choque o proyectos de reforma "con quien justifica, promueve y apoya un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ataca de plano a la independencia judicial" y ubica a España "fuera de los valores y estándares europeos de separación de poderes".
