La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional envió una nota interna a la Fiscalía General del Estado en la que se opone a que se abra una investigación en el Tribunal Supremo (TS) al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre el llamado "caso Dina", cuyas pesquisas tratan de esclarecer el robo del móvil de la exasesora del partido morado Dina Bousselham.
La nota va destinada al teniente fiscal Luis Navajas para que la tenga en cuenta al redactar su informe definitivo sobre si procede o no abrir causa en el alto tribunal a Iglesias. En estos momentos, la Sala de Admisiones de lo Penal del Supremo permanece a la espera de ese informe del ministerio fiscal, solicitado la semana pasada, para decidir si procede o no ir contra Iglesias por descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.
Anticorrupción, que pidió al juez Manuel García-Castellón que retirara al vicepresidente la condición de perjudicado en el caso ante las contradicciones apreciadas, también reclamó ya entonces al magistrado que llamase a declarar a Bousselham para que esta pudiera señalar si emprendía acciones legales contra Iglesias o aceptaba su perdón, con lo que ya no se le podría investigar por descubrimiento o revelación de secretos.
El juez se negó a citarla por considerarlo "precipitado" y siguió instruyendo la causa hasta concluir en su exposición razonada al Supremo que Iglesias usó a sabiendas de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr una ventaja electoral en abril del 2019.
En su escrito, Anticorrupción muestra su disconformidad con el dictamen de García Castellón y reitera que la revelación de secretos decae con el perdón de la presunta agraviada, y que ella misma formuló en una carta remitida al magistrado en la que exculpaba a Iglesias de lo ocurrido con la tarjeta. Sobre el delito de daños informáticos recuerda la existencia de un informe de policía científica que concluye que no se puede acreditar que la tarjeta de Bousselham sufriera daños que no fueran ocasionados por la empresa especializada a la que encargó recuperar el contenido.
Respecto a los posibles delitos de falso testimonio o simulación de delito, Anticorrupción considera que García Castellón tendría que haberse inhibido en favor de un juzgado ordinario para, una vez instruido el caso, dirigirse ese otro juez al Tribunal Supremo si apreciase la posible implicación de aforados en los hechos investigados.
