La reforma exprés del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), planteada por el PSOE y Unidas Podemos, que apuesta por reducir las mayorías para elegir a los miembros del órgano de gobierno de los jueces y acelerar el trámite para eludir los informes de los órganos consultivos, ha sido recibida con mucha frialdad y suspicacia en Bruselas.

La Comisión Europea advirtió ayer de que cuando un Estado miembro emprende una reforma de su sistema judicial debe consultar antes los cambios con las partes afectadas y con el Consejo de Europa. La prioridad es garantizar, subraya, que "la independencia judicial" no se vea comprometida.

"La Comisión está al corriente del nuevo proyecto de ley y estamos siguiendo de cerca los acontecimientos a este respecto", afirmó ayer el portavoz de justicia de la Comisión Europea, Christian Wiegand, sobre los planes del Ejecutivo de Pedro Sánchez para desbloquear la renovación.

Bruselas recuerda que hace apenas 15 días, en su primer informe sobre el Estado de derecho en la UE 2020, ya avisó de la "importancia de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el judicial para reforzar la independencia judicial".

Concretamente, en el capítulo dedicado a España, el Ejecutivo comunitario apuntó a la situación en el CGPJ como uno de los "desafíos" pendientes y advirtió de que "es importante garantizar que el Consejo no sea percibido como vulnerable a la politización".

Todos los actores relevantes

Es más, según subraya el portavoz comunitario en su respuesta, "cuando los estados miembros reforman el sistema judicial, siempre deberían hacerlo consultado a todos los actores relevantes, incluida la Comisión de Venecia", el órgano consultivo del Consejo de Europa -una institución intergubernalmental con sede en Estrasburgo- responsable de velar por el respeto del Estado de derecho. También añade Bruselas que "los estados deben seguir los estándares de la Unión Europea para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida".

El aviso coincide con la ofensiva lanzada por la oposición en contra de la reforma, que, según PP y Cs, puede afectar a la llegada de fondos europeos. El jefe de filas de los populares, Pablo Casado, voló ayer hasta Bruselas, donde se celebraba la cumbre de líderes de la UE, para informar de esa iniciativa al Partido Popular Europeo, entre otros, a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, a la canciller alemana, Angela Merkel, y a los comisarios y dirigentes de ese partido en toda la UE.

El aviso de la Comisión Europea coincide con la ofensiva lanzada por la oposición española contra la reforma, que según el PP y Ciudadanos puede afectar a la llegada de fondos europeos. A ellas se añaden las críticas de un miembro del Gobierno de Polonia a los planes de Sánchez. Varsovia es, junto con Hungría, el único Estado miembro contra quien la Comisión Europea ha activado el artículo 7 del Tratado que permite sancionar las derivas autoritarias

Fuentes del Gobierno consideran que el Partido Popular está siendo "desleal" y trata de "confundir" a los ciudadanos al asegurar que la iniciativa de PSOE y Unidas Podemos puede poner en peligro la recepción de las ayudas europeas. En la misma línea, critican que los populares "incendien" este debate en las instituciones comunitarias.

Paradójicamente, el Ministerio de Justicia remitió a principios de mayo a la Comisión Europea un extenso informe de 96 páginas en defensa del sistema judicial español en el que citaba como argumento para demostrar la independencia judicial la mayoría de tres quintos del Congreso con la que se designa a los vocales del CGPJ. Una garantía que, solo seis meses después, el Gobierno pretende sustituir por la mayoría absoluta.

Cinco años

El informe ensalza el hecho de que el mandato de los vocales se alargue por un periodo de cinco años, para que "no coincida con la duración de la legislatura, por lo que el CGPJ coincidirá, como mínimo, con una legislatura distinta de la que lo eligió".

El informe agregaba que "esta exigencia de mayoría cualificada de tres quintos" prevista para que las Cortes elijan a los veinte vocales "garantiza, a la par que la absoluta coherencia con el carácter general del sistema democrático, la convergencia de fuerzas políticas diversas, y evita la conformación de un Consejo General del Poder Judicial que responda a una mayoría parlamentaria concreta y coyuntural, reforzando su independencia frente al poder político", al tiempo que "se evita que otro poder del Estado, particularmente el Poder Ejecutivo, pueda influir directa o indirectamente sobre la independencia judicial".