"Vamos a cambiar uno detrás de otro". El Gobierno no solo está dispuesto a seguir adelante con su reforma de la ley para forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), también planea la revisión de otras normas para propiciar el relevo en instituciones como el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. En ambos casos no haría falta tocar la Constitución, sí modificar la ley orgánica que los regula, por lo que a PSOE y Unidas Podemos les basta con garantizarse la mayoría absoluta.

El aviso lo deslizó la pasada semana la ministra portavoz, María Jesús Montero, pero cobró más fuerza este martes, con la resaca del registro de la proposición de ley que rebajará las mayorías para elegir a los 12 vocales jueces del CGPJ y que recortará las atribuciones del órgano cuando entre en funciones. Fuentes de la Moncloa fueron rotundas: se renovarán las instituciones atascadas "una detrás de otra", quiera o no el PP. Porque ese es el mensaje que defienden en el equipo de Pedro Sánchez: Pablo Casado "no puede pretender normalizar el bloqueo".

El resorte del cambio legislativo le vale al Gobierno para dos órganos constitucionales: el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas (TCU). La Constitución no explicita qué mayorías se requieren para nombrarlos y lo deja para la ley orgánica. Fue el legislador quien, en 1981 y 1982, fijó que se necesita el aval de tres quintos del Congreso y el Senado. Una mayoría reforzada que el Ejecutivo podría rebajar en segunda votación.

El relevo en el Defensor del Pueblo es más apremiante, porque su actual titular, el exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán, lleva en funciones desde 2017. El mandato de los 12 consejeros del TCU no concluye hasta 2021, aunque uno de ellos, Lluís Armet, renunció al cargo en 2018 y su plaza está vacante.

Sin embargo, el Gobierno no puede proceder a la renovación de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato caducó en noviembre del 2019, porque su forma de elección está tasada en la Carta Magna. Respecto a RTVE, el Ejecutivo no necesita cambiar nada, porque la última reforma de la ley, de 2017, ya prevé el desbloqueo por mayoría absoluta en segunda ronda.

La sesión de control de ayer en el Congreso estuvo dominada por la reforma legal del CGPJ. "A mí no me presiona nadie, y menos usted", le espetó a Sánchez, avisándole de que puede "poner en riesgo" los fondos de reconstrucción europeos por "atacar nuestro Estado de derecho".