Los países de Europa central y del este, como Hungría o Polonia, no son los únicos que afrontan "desafíos" importantes en relación al respeto del Estado de derecho y la calidad democrática. España también tiene cuestiones por las que sonrojarse.

El primer informe sobre el Estado de derecho en los Veintisiete adoptado por la Comisión Europea constata los retrasos continuados en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la creciente lentitud de los procedimientos judiciales, la relación entre la Fiscalía General del Estado y el Gobierno y el registro de las comunicaciones con el Ministerio de Justicia.

El análisis, una mera exposición de la situación que el Ejecutivo comunitario realizará una vez al año, empieza remarcando que el sistema judicial español afronta "desafíos" importantes.

Y señala que el CGPJ "ha estado ejerciendo sus funciones de forma interina desde diciembre de 2018" por falta de acuerdo para su renovación. Una situación, recuerda, que el presidente en funciones, Carlos Lesmes, considera una "anomalía institucional".

El Ejecutivo comunitario considera mejorable también el sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado en España.