La historia más reciente de Cataluña se repite. Joaquim Torra se convirtió ayer en el segundo presidente de la Generalitat fulminado del cargo por una autoridad del Estado. Tres años después de la destitución de Carles Puigdemont en virtud del artículo 155, el Tribunal Supremo aparta al sucesor que él mismo designó y que ha tutelado durante sus dos años y medio de mandato. La cantada inhabilitación de Torra por su confesa desobediencia, "contumaz y obstinada" según el alto tribunal, sitúa de nuevo a la máxima institución de Cataluña ante una crisis ignota que, con toda probabilidad, desembocará en unas elecciones el 31 de enero o el 7 de febrero del año próximo.

Tan previsible era el veredicto del Supremo que JxCat y ERC, pese a sus estrategias enfrentadas y a los enconados recelos mutuos, firmaron una tregua para exhibir unidad en el último día de la presidencia de Torra. También para no hacerse más daño del necesario en el largo interinaje que le espera al Govern en funciones y a su nuevo "presidente en sustitución", Pere Aragonès. Así lo bautiza la ley pese al empeño de los socios del Ejecutivo en convencer de que el cargo quedará vacante hasta que el Parlament invista al nuevo president. Torra esquivó cualquier nuevo desafío y acató su salida entre las enésimas invectivas contra el Estado.

Unanimidad

Los magistrados, que dictaminaron por unanimidad que Torra desoyó de forma "consciente" la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar la pancarta de apoyo a los presos independentistas, dieron a conocer la sentencia al filo de las 13.00 horas, y apenas cuatro horas más tarde, dejó de ser president. Justo en el momento en que un representante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la instancia que le condenó, acudió al Palau de la Generalitat a notificarle el año y medio de suspensión para todo cargo público. Rodeado de sus consejeros, emplazó al independentismo como "última instrucción" a convertir las próximas elecciones en "otro plebiscito que confirme el resultado del 1-O".

Es decir, Torra no desaprovechó su discurso de despedida para satisfacer a Puigdemont e incomodar por enésima vez a ERC, cuyos planes electorales casan mal con todo planteamiento plebiscitario y con el llamamiento del ya expresident a los catalanes a "empujar" hacia el choque con el Estado. De hecho, en el epílogo de su presidencia, también acusó implícitamente a los republicanos de no haberle permitido "avanzar más" en el órdago independentista, pese a que él "estaba dispuesto a asumir todas las consecuencias". "Ni abandono, ni me resigno, ni acepto la sentencia", proclamó minutos antes de, paradójicamente, acatar la destitución saliendo por la puerta del Palau, aclamado por unos cuantos cientos de fieles que ignoraron distancia de seguridad alguna.

Las elecciones supondrán el cénit de la interminable batalla entre Junts y Esquerra. Para llegar a las urnas, el mal avenido matrimonio de conveniencia ha acordado dejar correr el reloj hasta llevar los comicios lo más tarde que legalmente es posible, para agrado otra vez de Puigdemont, que necesita tiempo para intentar recortar la ventaja que le llevan los republicanos.

Los letrados del Parlament no tardaron en allanarle el camino al presidente de la Cámara, el republicano Roger Torrent, para que active la cuenta atrás hacia los comicios "sin demora", y sin necesidad de un pleno, en cuanto pasen los 10 primeros días hábiles, preceptivos por ley, para buscar candidato. Bastará con que comunique que no hay aspirante alguno con opciones plausibles, y podrá neutralizar con ello posibles maniobras de la oposición para presentar un candidato instrumental.

Aragonès, presidenciable in péctore de ERC, y su propio partido cobrarán durante estos cuatro meses de interinaje un protagonismo que puede servirles para apuntalar su estrategia contrapuesta a la de Junts, aunque para ello deberán zafarse primero de los numerosos corsés legales de un Govern en funciones (no podrá hacer cambios en el Gabinete ni aprobar leyes ni los presupuestos) y los embates del Covid-19, que solo podrá gestionar mediante decretos, y descongelar la mesa de diálogo con el Gobierno, que ERC necesita para convencer de que la mano tendida aporta más réditos que el frentismo.

Y todo ello a consecuencia de una sentencia de 133 páginas en la que el Supremo tiene cuidado en centrar la cuestión de la inhabilitación de Torra: el objeto del proceso, dice, "no es la exhibición de determinados símbolos o pancartas de una determinada opción política, sino su utilización en periodos electorales desobedeciendo lo dispuesto por la JEC".

La Sala subraya que los acuerdos de la JEC no vulneraron la libertad ideológica y de expresión de Torra, quien, "como ciudadano, es libre de realizar manifestaciones o actos que reflejen su identidad política", pero "el objeto es la desobediencia de las órdenes reiteradas de un órgano constitucional cuya función es garantizar la transparencia y limpieza de los procesos electorales", lo que "exige la neutralidad de los poderes y Administraciones públicas".

El fallo recalca que "en todo momento, con anterioridad, durante y después del juicio oral", Torra no se retractó de "su negativa a cumplir las órdenes de la JEC", algo que hizo con una "contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad".