La mayoría de grupos parlamentarios, excepto PP y VOX, han apoyado este martes, como hicieran hace más de tres años, que el Congreso de los Diputados inicie de nuevo los trabajos para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza.
A falta de la votación -se realizará a última hora de este martes- PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y EH Bildu se han mostrado a favor de tomar en consideración la propuesta del PNV para revisar la ley Mordaza, en vigor desde hace cinco años, y que en solo tres meses ha sido la norma más empleada por el Gobierno para sancionar a quienes incumplían las restricciones del estado de alarma.
La propuesta del PNV es la misma que la que el grupo vasco presentó en marzo de 2017, que fue avalada en la cámara, y sobre la que los grupos se pusieron a trabajar hace tres años para activar la reforma, si bien esa revisión resultó fallida tras la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales el 28 abril de 2019.
Precisamente, el diputado del PNV Mikel Legarda, que ha defendido el texto, ha abogado por que esos acuerdos adoptados en su día y de los participó el PP se retomen, ya que se había logrado mejorar sustancialmente una ley "controvertida, polémica y con baja aceptación ciudadana".
"La ley fue una respuesta autoritaria y de control al malestar social de entonces", ha defendido Legarda, antes de señalar que la norma no pondera con equilibrio la seguridad y las libertades fundamentales y deja en manos del criterio de los agentes sancionar administrativamente sin ninguna garantía judicial.
Con todo, ha exhortado a que el debate de mejora de la ley "sea un debate sobre seguridad y no sobre la policía. Sería confundir el dedo con la luna".
Frente a la propuesta del PNV, tanto el PP como VOX han mostrado su rechazo y considerado que no es el momento idóneo para retocar la ley, sobre todo cuando ha sido el instrumento normativo más empleado durante el estado de alarma por un Gobierno que "no es el que el lleva la voz cantante de su reforma", ha afeado el diputado del PP Jaime Miguel Mateu.
Más de un millón de propuestas de sanción durante el estado de alarma y unos 9.000 detenidos por desobedecer las restricciones avalan, ha dicho el diputado del PP, la vigencia y utilidad de una ley que "protege el derecho de manifestaciones pues a quien persigue es a aquellos que perturban el orden de la protesta legítima".
Y ha tachado de "hipócritas" y "demagogos" al Gobierno "social-comunista" de PSOE y Unidas Podemos por estar "callados" ante las devoluciones en caliente, unos de los puntos sensibles de la ley al incorporar los rechazos en frontera como una disposición adicional que servía para modificar a su vez la ley de Extranjería. "¿Cuántas devoluciones en caliente están haciendo ustedes?", ha interpelado.
En contra de la reforma de la ley también se ha manifestado VOX. "Es un oportunismo político que busca una clara ruptura del equilibrio entre libertad y seguridad en pro del primero", ha arremetido el diputado de esta formación Rafael Fernández-Lomana.
A su juicio con la reforma que pretende el PNV se legitimarán algunas conductas como los grafittis o la plantación de marihuana, no se castigará actuaciones como la perturbación de lo oficios religiosos o se "alentará" la inmigración irregular.
Contra estos argumentos y a favor de la toma en consideración del texto presentado, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y EH Bildu, mientras que algunos formaciones del Grupo Plural y Mixto se inclinan por la abstención, ya que consideran más necesario derogar directamente la norma.
De hecho, la diputada de la CUP Mireia Vehí ha avanzado que presentarán una proposición en la que inste a la derogación de la ley mordaza y otros cambios como la regulación del delito de sedición.
Desde las filas del PSOE el diputado David Serrada ha apostado por "cambios profundos" en la ley y ha lamentado que el PP haga "seguidismo" de VOX después de llegar a alcanzar acuerdos sobre la mejora de esta ley que nació de una situación complicada en las calles que el Gobierno del PP "necistaba amordazar".
Tambien ha sentido Ciudadanos el "estéril" consenso que se llegó a alcanzar en puntos de la ley. Su diputado Miguel Gutiérrez ha subrayado la necesidad de volver a lograr acuerdos para sacar adelante una ley mejor "que no obligue a los ciudadanos a elegir entre libertad y seguridad como algunos pretenden".
EH Bildu, a favor de la propuesta, ha puesto el acento en el control de las discrecionalidad de los agentes en sus actuaciones. "¿Por qué en Vallecas 'cobran' los manifetantes y los Cayetanos no?", ha censurado el diputado Jon Iñarritu, en contra de uno de los sistemas normativos que, en su opinión, otorga "poderes ambiguos y poco claros" a las fuerzas de seguridad.
Durante el debate, que ha durado casi dos horas, se ha vivido un momento de tensión cuando la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha pedido a la diputada de ERC María Carvalho que retirara de la tribuna de oradores, mientras hablaba ante el pleno, una pegatina adherida al reverso de su tableta electrónica que decía: "Fora Vox (fuera Vox)".
Tras cinco minutos de alocución, Espinosa de los Monteros ha pedido la palabra para denunciar la visibilización de ese adhesivo, al tiempo que Olona increpaba a diputados de la bancada contigua, ocupada por integrantes de Unidas Podemos. Finalmente la diputada ha cerrado su dispositivo y ha continuado exponiendo su postura.
