El expresidente de la Generalitat huido en Bélgica por proceso del 1-O, Carles Puigdemont, ha reaccionado este lunes a la inhabilitación de su sucesor, Quim Torra, asegurando que el Estado está "corrompido desde la Corona hasta la judicatura".

"Una vez más, el Estado español interfiere en nuestras instituciones democráticas. De destitución en destitución hasta la república final. ¡A tu lado, president Quim Torra!", ha subrayado Puigdemont en su cuenta de Twitter. Puigdemont ha responsabilizado de la inhabilitación a Torra a "un Estado corrompido desde la Corona hasta la judicatura" que continúa "decidiendo en nombre de los catalanes".

Este lunes el Supremo ha confirmado la condena de año y medio de inhabilitación a Torrapor desobedecer de forma "contumaz y obstinada" a la Junta Electoral Central, que le obligó a retirar las pancartas de apoyo a los presos del "procés" de edificios públicos en periodo electoral.

Aragonès habla de "golpe antidemocrático"

El vicepresidente del Govern y presidente sustituto, Pere Aragonès, ha tachado la inhabilitación de Torra de "golpe antidemocrático" de la justicia contra las instituciones catalanas.

"La justicia española ha sentenciado un nuevo golpe antidemocrático a nuestras instituciones, pero el odio y la venganza del Estado no provocará ni una grieta en nuestro compromiso con la libertad de Cataluña. Contigo, muy honorable president Quim Torra", ha publicado en redes sociales.

El PDeCAT ve "ánimo de venganza"

Por su parte, el portavoz del PDeCAT, Marc Solsona, ha rechazado la inhabilitación y considera que hay "ánimo de venganza" en la justicia española. En rueda de prensa telemática, ha calificado de "injusta, anómala y desproporcionada" la sentencia del Supremo, y cree que así no se puede tratar a la Generalitat, empezando por su presidente, ni tampoco al Parlament y a los catalanes.

"Todo el apoyo a Torra, y a todos los represaliados por su compromiso político. Esto no termina aquí y haremos lo que sea necesario para salir de esta parálisis política y de vulneración de derechos", ha avisado.

También ha defendido la necesidad de dar una respuesta unitaria ante "la anomalía democrática" que supone la inhabilitación, y por ello ha pedido que el partido pueda participar en las negociaciones que están llevando a cabo las formaciones independentistas con este objetivo.

La CUP habla de ataque a las instituciones catalanas

Mientras, la CUP ve en la confirmación de la sentencia de inhabilitación "un ataque a las instituciones catalanas" y una "clara intromisión en su soberanía", por lo que llama a participar en las movilizaciones de protesta que se convoquen.

Desde la CUP, la diputada Natàlia Sànchez ha afirmado en una rueda de prensa en el Parlament que su formación se "solidariza" con Torra ya que considera que la inhabilitación por poner una pancarta "supone un ataque a la libertad de expresión", pero también "a la soberanía de las instituciones catalanas".

"No se trata de un debate sobre si Quim Torra sí o no, o si la pancarta era oportuna o no -ha puntualizado Sànchez-, sino del hecho de que hay una constante intromisión de la judicatura del Estado español en el ámbito de las instituciones catalanas".

Según la diputada de la CUP, "son los tribunales españoles los que deciden quién puede ser o no presidente, y si en el Parlament podemos hablar de autodeterminación y monarquía o no, por lo que estamos ante una situación de unas instituciones catalanas que siguen intervenidas".

Mas: "Es una injusticia"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha señalado que la inhabilitación deTorra como presidente es una "injusticia por su sentido y por su desproporción", y más aún por el contexto de pandemia del coronavirus.

En un comunicado de este lunes, Mas ha sostenido que la libertad de expresión "no puede ser un delito" sino un derecho fundamental a proteger y defender, y cree que la decisión del TS daña este derecho fundamental e implica un retroceso democrático. "Esta sentencia no resuelve nada, pretende ser un escarmiento que solo agrava el conflicto político entre Cataluña y España, perpetúa su judicialización y, por lo tanto, dificulta su solución", ha zanjado.