En política, a veces basta con seguir la línea de puntos. Un gesto que sucede a otro y que lanza un mensaje. Esa cadena es la que ha ido trabajando el Gobierno en estos días, semanas, reconstruyendo la mayoría de la investidura, abonando ese terreno de cara a los Presupuestos Generales del Estado -la principal empresa política de Pedro Sánchez, junto con la lucha contra el Covid-, sin cerrar por completo la puerta a Cs. Así, ayer el Ejecutivo, de manera sorpresiva, anunció que la semana próxima comenzará a tramitar las peticiones de indulto de los 12 condenados por el "procés". Guiño que se sumaba a la incorporación al plan anual normativo del Gobierno y, a última hora, de la revisión de los delitos de sedición y rebelión.
Fue el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, un ministro prudente, el que reveló en el Congreso el siguiente paso del Ejecutivo. Gesto nada casual. Fue en los últimos segundos de su respuesta a la portavoz de JxCat, Laura Borràs, que ni siquiera le había preguntado por ello.
Ante la crítica inmediata de la derecha, Campo insistió, en una entrevista televisiva posterior, que su ministerio daba "cumplimiento a la ley". Se ponía en marcha un trámite que la pandemia paralizó, "la iniciación de un procedimiento obligado legalmente". En ese subrayado incidían ministros y altos cargos consultados: arranca un trámite -la novedad es, de hecho, el anuncio, de ahí el calado del mensaje al independentismo-, "sin prejuzgar la decisión final". Se estudiarán los expedientes "con rigor y transparencia", garantizó Campo.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, negó por la tarde que se trate de una señal dirigida a ERC y PDECat, posibles aliados presupuestarios. "En absoluto. Es una obligación -replicó-. El ministro de Justicia tiene plazos para tramitar los expedientes. Plazos que si incumple incurre él mismo en un delito". "Que se serene el PP", pidió. Y es que Pablo Casado había advertido que los indultos son "el precio de la investidura" de Sánchez. Su partido, dijo, recurrirá al Supremo las medidas de gracia, si llegan a aprobarse. Impugnación judicial que también avanzó Vox.
En realidad, la ley de 1870 que regula el indulto no tasa plazos, pero sí obliga a tramitar las solicitudes. "Y hay prácticas", usos, precisaban en la Moncloa, que se han venido respetando.
La respuesta tardará, como poco, seis meses. Entre ocho y diez, pronosticó Campo. Justicia deberá recabar informes del tribunal sentenciador -en este caso, el Supremo-, de la cárcel donde cumplen condena y de la Fiscalía.
Fuentes del Ejecutivo admitían la voluntad de "normalizar", de desatascar el laberinto catalán, de crear un marco favorable, sobre todo ahora que la mesa de diálogo está bloqueada por Torra y ERC necesita bazas para su electorado. El conflicto se "resuelve con política", observó Campo. En el Gobierno y el PSC se indica que la vía preferente seguirá siendo la de la revisión del Código Penal, que saldrá del horno antes de fin de año. A esta cadena se suma otro hecho: el Rey no irá mañana a Barcelona a la entrega de despachos judiciales. Un capítulo no explicado por el Ejecutivo. La decisión "está bien tomada", ofreció por toda respuesta Calvo ayer.
El Ejecutivo no quiere perder a los republicanos, al margen de con quién pacte las cuentas. Pero el clima más propicio a una entente con Cs que existía a finales de agosto ha tornado a un ambiente de distensión con la mayoría de investidura, apuntalado por la presión de Pablo Iglesias y visibilizado con las reuniones de él mismo y Calvo con los socios. Ayer, de hecho, la vicepresidenta siguió su ronda de contactos con PNV y Bildu. Ambos mostraron su disposición al diálogo.
Tras el guiño al soberanismo, Cs no se levantó de la mesa. Mostró su rechazo y anunció recurso si los indultos llegan, pero continuará hablando con el Gobierno de las cuentas. "Sánchez tendrá que elegir. Nosotros o ERC", reiteraron.
El independentismo acogió la noticia con el recelo previsible. ERC no vio ningún "gesto". El PDECat sí cree que los indultos pueden "facilitar un proceso real de diálogo con el Estado". Hasta para JxCat la "bomba" -Borràs llamó así al anuncio-, no es ajena a la negociación de las cuentas.
