El día de la sentencia del 1-O, Pedro Sánchez afirmó que "el acatamiento del fallo significa su íntegro cumplimiento", pareciendo descartar el indulto para los presos, una medida cuyo uso se había mantenido menguante hasta la llegada del socialista a la Moncloa. El Gobierno indultó a 39 personas en 2019, más del doble que las 17 que recibieron el perdón el año anterior, aunque siguen siendo menos del 1% de las solicitudes presentadas. Se rompió una tendencia a la baja que se mantenía desde 2012. Lejos quedan aquellos años en que los indultos se contaban por cientos, como los 501 de 2012, o por miles, como los 1.700 del año 2000.

Aunque nació con carácter provisional, la ley del indulto mantiene casi intacta su redacción desde 1870. Mariano Rajoy se comprometió a no indultar a condenados por corrupción, pero seis de los 26 indultados en 2017 cumplían penas por prevaricación, delito que el CGPJ incluye en esta categoría.

Suele decirse que el poder se perdona a sí mismo. Y la hemeroteca parece darle la razón. Al exministro socialista José Barrionuevo y a su secretario de Estado Rafael Vera les fueron perdonados dos tercios de las penas por el secuestro de Segundo Marey por los GAL. Era 1998 y gobernaba José María Aznar. Cuatro años antes fue el PSOE el que indultó al alcalde de Marbella Jesús Gil, que había sido condenado por estafa, con la condición de que no volviera a delinquir. Con esta gracia también fue bendecido el consejero del Banco Santander Alfredo Sáenz pese al criterio contrario del Supremo. La decisión la tomó Zapatero estando en funciones.

Sobre la concesión de indultos se delibera en los consejos de ministros, pero rara vez se da cuenta de ellos en la rueda de prensa. Los nombres agraciados solían permanecer ocultos en las páginas del BOE. Muchos se concedían por cientos aprovechando la Semana Santa. El caso más llamativo fue en 2000, cuando Ángel Acebes (PP) batió todos los récords de concesión de indultos con el argumento de que el Papa había pedido "gestos de clemencia con los penados" con motivo del Año Jubilar. Hasta 1.443 de una tacada, entre ellos el del exjuez Gómez de Liaño, condenado por prevaricación en el "caso Sogecable" y contra el criterio del Supremo; y los condenados por financiación irregular en el "caso Filesa".

En 1988, fue un Gobierno socialista el que indultó al exgeneral Alfonso Armada, condenado a 30 años por su colaboración en el 23F. Llevaba cinco años en prisión por rebelión y sufrió una embolia. Fueron estos problemas de salud los que justificaron la medida de gracia.