La reforma del Código Penal para modificar las penas por sedición y otros delitos está encima de la mesa del Gobierno. El Ejecutivo prepara una reforma inminente y rápida. La aplicación de ese cambio a los condenados por el referéndum ilegal mejoraría su situación penitenciaria. El presidente Sánchez confía en atraer con ello el respaldo de ERC a los Presupuestos y fortalecer la posición del PSC y los republicanos ante unas elecciones catalanas todavía sin fecha.
La intención es que sea un texto sencillo, que actualice la tipificación de la sedición, un delito cuya configuración actual chirría entre los juristas y provoca situaciones como le negativa de la justicia alemana a extraditar a Puigdemont. El texto se sometería a la aprobación de las Cortes en lectura única, es decir, por el pleno de Congreso y Senado, y sin pasar por el trámite en ponencia y comisión, lo que garantizaría que el proyecto fuera respaldado en muy poco tiempo. Así se hizo, de hecho, la reforma del artículo 135 de la Constitución en 2011. Otras fuentes del Gobierno, no obstante, advierten de que quizá una aprobación tan rápida "no encaje por la naturaleza del asunto".
Aunque el Ejecutivo no quiere que se ligue a la negociación de los Presupuestos, es evidente que hay un hilo conductor entre ambas cuestiones. ERC asume que no podrá reactivarse la mesa de diálogo de manera inminente, como pretendía, no por las reticencias del Gobierno, que insiste en que no tiene problema en que se retome, sino por el rechazo de Torra.
La operación de reforma exprés de la sedición puede soliviantar a la oposición -y enfriar la relación con Ciudadanos-, pero tiene menos dificultades de encaje para el Gobierno. De hecho, la Moncloa no hace sino rescatar su plan original, el que ya mostró a comienzos de año, al poco de constituirse la coalición. Una revisión de las figuras delictivas de la sedición y rebelión, para "acompasarla a los tipos que existen en otros países de Europa" y para ajustarlos a "una democracia consolidada como la nuestra", como explican en el corazón del Ejecutivo, sería impecable desde el punto de vista técnico, y menos problemática que una concesión del indulto, que podría tropezar con la oposición del Supremo. Y además los presos del "procés" rechazan esa medida de gracia.
Tampoco es viable decretar la amnistía, como pide el independentismo, ya que la Constitución prohibe un perdón generalizado, y tampoco se tocará la ley de 1977.
El tercer grado que concedió el Govern está en el alero, después de que la Fiscalía recurriese la medida para los siete encarcelados en Lledoners. La reforma del Código Penal, que comportaría la rebaja de las penas de sedición, por la que fueron condenados los líderes independentistas, llevaría a su aplicación retroactiva, porque cualquier modificación de la legislación penal que beneficie al reo debe ser activada por el tribunal sentenciador.
En el Congreso, el Gobierno tampoco se encontraría con demasiados obstáculos, ya que podría articular la mayoría absoluta requerida (176 escaños) con los minoritarios y el concurso de ERC.
La revisión del Código Penal podría incluir también la rebelión y los delitos contra el medio ambiente o la protección de los derechos de los animales. Una reforma, por tanto, que se quiere aprovechar para distintas cuestiones y que el Gobierno pretende que se aborde de manera "rápida", como ya admitió la vicepresidenta Calvo.
En verano, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, enfrió la modificación del Código Penal. Afirmaba que debía analizarse con calma e incluso la sacó del calendario del 2020. En aquel momento, el Gobierno tenía la expectativa de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) y el resto de instituciones. Pablo Casado rompió la baraja en agosto y el PP bloquea ahora esa renovación. Según deslizó Sánchez en una entrevista La Sexta, se podría pensar que el líder de los populares rechaza proceder al relevo en el Poder Judicial porque "esta composición le beneficia" ante la evolución de los casos de corrupción que se están investigando en los tribunales, entre ellos, la "operación Kitchen".
Una vez que el Ejecutivo trabaja sobre la modificación del delito de sedición, las implicaciones políticas de la reforma son evidentes. Aplicada con efectos retroactivos, y a falta de comprobar cuál es el redactado final del proyecto de ley, podría suavizar las condenas de los líderes del proceso soberanista, que, desde la suspensión de su régimen de semilibertad, pasan la mayor parte del día en sus celdas.
Presupuestos
En el horizonte, además de las elecciones catalanas, están los Presupuestos Generales del Estado para el 2021. La Moncloa no se atreve a precisar fechas aún, rehusa determinar el día en que llegará al Consejo de Ministros el anteproyecto de la reforma del Código Penal. Sin embargo, lo que está claro es que se trataría de un gesto inequívoco hacia ERC, que ayudaría a engrasar de nuevo la relación con el Gobierno y facilitaría la aprobación de las cuentas.
Pedro Sánchez ha ido reordenando el tablero político en las últimas semanas, a la vista de que la renovación pendiente del CGPJ se frustraba por la oposición radical del PP y la necesidad de reconstruir puentes con los socios de investidura, sin perder, al menos por el momento, a Ciudadanos. Una pieza clave es, precisamente, la reforma del Código Penal.
El pasado 8 de septiembre, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, llevó al Consejo de Ministros el plan anual normativo para 2020. Es decir, la programación de las leyes y reales decretos que el Gobierno prevé impulsar en esta segunda parte del año. A última hora se decidió incluir la revisión de los delitos "contra el orden público y la Constitución con la finalidad de adaptarlos tanto en perspectiva comparada con los textos nacionales de otras legislaciones nacionales europeas y al marco normativo de la Unión Europea, así como a los actuales parámetros doctrinales, políticos y constitucionales". Ese giro de guion, con el que no se contaba, era toda una señal de lo que está a punto de llegar ahora. La víspera, en TVE, el presidente sostuvo que mantenía vivo su compromiso con la reforma del Código Penal. La propia Calvo aseguraba el pasado jueves, 17 de septiembre, y también en TVE, que no había fecha aún para la modificación de la sedición y la rebelión, aunque ya apuntó que estaría lista antes de final de año. El borrador que prepara el Ministerio de Justicia se encuentra "muy avanzado", concretó la vicepresidenta. Una vez listo el anteproyecto, el texto pasaría por los órganos consultivos para después volver al Consejo de Ministros y luego, ya sí, aterrizaría en la Cámara baja.
