La reforma del delito de sedición y otras modificaciones del Código Penal llegarían a las puertas de las elecciones catalanas. "Si son en febrero (como todo parece indicar después de que Torra haya dicho que no las convocará antes de su probable inhabilitación) es posible que la reforma ya esté aprobada", sostienen en el PSC. Los socialistas catalanes se han movido para que Pedro Sánchez estudie esa vía al considerar que "es importante que el Gobierno demuestre que quiere ir resolviendo temas concretos" con respecto a la situación de los presos del 1-O. El cambio sería una buena noticia para los socialistas catalanes. Su primer secretario, Miquel Iceta, ya se pronunció antes de las elecciones de 2017 a favor de fórmulas útiles para "cerrar heridas" en la sociedad catalana. En aquella ocasión habló del indulto, pero la vía de la reforma del Código Penal parece más rápida y tendría un menor coste político. También ERC se beneficiaría de la medida. Los republicanos temen una nueva remontada de Carles Puigdemont, y la rebaja de penas por sedición podría permitirles demostrar a la sociedad catalana que su apuesta por el diálogo con el Gobierno da frutos. En cuanto a los "comunes", fueron los primeros en enunciar la idea: el diputado Jaume Asens ya dijo en enero que la reforma estaría "en coherencia con lo que ha sido la revisión de estos delitos en la mayoría de países europeos". Y así la defendió en las últimas campañas de las generales. Si la iniciativa sale adelante, perdería fuerza el mensaje de las formaciones, como JxCat, que cuestiona, "por inútil", el diálogo con el Estado y que han hecho de la "confrontación inteligente" que defiende Puigdemont su principal gancho electoral.
