Torra no convocará elecciones en Cataluña pese su probable inhabilitación por el Tribunal Supremo por un delito de desobediencia que él mismo reconoce haber cometido. El presidente de la Generalitat descarta llevar a Cataluña a una "carrera electoral irresponsable" en plena pandemia. Así lo anunció ayer tras defender que su decisión de desoír la orden de la Junta Electoral de retirar una pancarta a favor de los "presos y exiliados" fue "un acto político".
La Sala Segunda del Tribunal Supremo celebró ayer la vista para revisar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que condenó a Torra a año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia, un fallo aún no firme que, de confirmarse, le desalojaría de la presidencia de la Generalitat. La Fiscalía y la acusación popular ejercidas por Vox, partidarias de mantener la condena, y la defensa de Torra, expusieron ayer ante el Supremo sus argumentos en relación con el recurso que el president presentó contra su inhabilitación, en una vista que el todavía jefe del Ejecutivo catalán siguió desde el público.
La Fiscalía quiso dejar claro que la condena al presidente de la Generalitat lo fue por quebrantar la ley electoral al realizar un acto administrativo, que es sancionable, y no una actuación política.
Ante los cinco magistrados de la Sala, Gonzalo Boye, abogado del presidente catalán, sostuvo que la pertenencia a una "minoría nacional" de Torra es la única explicación posible al trato desigual que, sostuvo, sufrió su defendido por su condena penal tras haber sido sancionado.
"Si el Estado español llega al punto de la irresponsabilidad más absoluta inhabilitándome, solo habrá un culpable: él. No seré yo quien en este momento tan crítico para el país lo aboque a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración en Cataluña", advirtió Torra ante su probable inhabilitación.
La premisa, para el Gobierno de Pedro Sánchez, es clara. Si Joaquim Torra es finalmente inhabilitado por el Tribunal Supremo, ya no será presidente de la Generalitat y, por tanto, no podrá sentarse a la mesa de diálogo. Ese foro de interlocución entre el Ejecutivo central y el Govern se constituyó en febrero "con la presencia de los presidentes", por lo que "en esa condición solo se podrá sentar quien lo sea y no esté inhabilitado", recalcó ayer Carmen Calvo en La hora de La 1 (TVE).
"Esto es de carácter muy elemental", zanjó la vicepresidenta.
Apretados por Junts, que no concibe que el independentismo asuma otro presidente de la Generalitat que no sea Torra, ERC intenta no ahondar la ya enorme brecha con su socio en el Ejecutivo catalán. En esta línea, Gabriel Rufián, portavoz parlamentario de los republicanos, replicó a las palabras de Calvo: "Torra es el 'president', el cargo más importante de Catalunya, representa a mucha gente y es una falta de respeto decir lo contrario".
