Una ley "importante para este Gobierno, pero también para la democracia española". El Ejecutivo no quiere restar ni un ápice de solemnidad a una de sus normas estrella, la que ayer dio el primer paso tras su aprobación como anteproyecto por el Consejo de Ministros: la ley de memoria democrática, impulsada por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. El texto, de 66 artículos, hará que el Estado asuma la exhumación de las fosas comunes, creará una Fiscalía de Sala para investigar las violaciones de derechos humanos, ilegalizará entidades como la Fundación Francisco Franco o reconvertirá el Valle de los Caídos en un cementerio civil. Es la ley que, en fin, declarará "nulas de pleno derecho" las sentencias y los juicios franquistas, como la que condenó a Lluís Companys, fusilado en octubre de 1940.

Calvo recalcó que la norma, que ahora pasará por los órganos consultivos hasta su aterrizaje en el Congreso a primeros del 2021, va mucho más allá que la ley de memoria histórica de 2007, y recoge los mandatos de la ONU, del Parlamento Europeo y de la Cámara baja. Y pretende no solo la reparación, sino también la "pedagogía", para que los jóvenes sepan "de dónde venimos". De ahí que la materia se integre en los currículos de Bachillerato y ESO.

| Régimen sancionador. Es una de las novedades respecto al 2007. Se prevén multas de 200 a 2.000 euros para infracciones leves de la ley, de 2.000 a 10.000 para las graves y de 10.000 a 150.000 para las muy graves. Entre estas últimas, figura el traslado de víctimas del franquismo sin autorización, la destrucción de fosas comunes o no evitar actos de exaltación de la Guerra Civil o de la dictadura que entrañen "humillación" para los represaliados.

| No a la Fundación Franco. Se actuará contra las fundaciones y asociaciones que hagan apología del franquismo o inciten directa o indirectamente al odio o a la violencia contra las víctimas. Esto supondrá la muerte de la Fundación Francisco Franco.

| Nulidad de los juicios. La ley declarará la nulidad de las resoluciones y condenas dictadas por los órganos de represión franquistas, considerados ilegítimos. Es la vía para reparar al expresident Companys, y no la del perdón público que ha exigido Joaquim Torra.

| Exhumación de fosas. Otro gran salto respecto al 2007. Ahora será el Estado, en coordinación con autonomías y ayuntamientos, el que asuma y lidere la exhumación de las fosas franquistas, y no delegará en las asociaciones que durante años han peleado, muchas veces sin éxito, para recuperar los restos de sus familiares. Era una demanda de la ONU. Se creará un mapa de fosas, un banco nacional de ADN para facilitar las búsquedas y un listado oficial de víctimas. Entre 20.000 y 25.000 personas yacen aún en las cunetas.

| Una Fiscalía de sala. Se creará una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para la investigación de lo ocurrido en la Guerra Civil y la dictadura y para impulsar los procesos de búsqueda de víctimas. El gran escollo es la ley de amnistía (1977). Esta no se toca, rubricó Calvo, pero ahora se "garantizará que se pueda investigar".

| El Valle, cementerio civil. Una vez se apruebe la ley, se extinguirá la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, por lo que se desacralizará el conjunto. La comunidad benedictina que custodia la abadía deberá irse. El recinto, que acoge a 33.800 víctimas, se convertirá en un cementerio civil. José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, será reubicado en un lugar no preeminente. El mausoleo será resignificado. Derruir la enorme cruz que preside el monumento "no está encima de la mesa", pero no se descarta por el momento.