El PP comienza a modificar su negativa a reconocer cualquier responsabilidad en el espionaje a su extesorero desde el Ministerio de Interior, con Mariano Rajoy como presidente del Ejecutivo. Tras el desmarque días atrás de Pablo Casado -"En aquella época solo era un diputado por Ávila"-, ayer el portavoz nacional del partido, el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, anticipó que "como partido político nosotros lo que no podemos hacer es no asumir lo que fue parte de la trayectoria en un caso que se pudo haber producido".
Este giro se produce mientras, a medida que se van conociendo los detalles de la investigación, queda en evidencia que el seguimiento al extesorero era un intento de buscar material para contrarrestar sus amenazas de dejar al descubierto la "caja B" del partido. La indagación judicial en torno a esa financiación oculta se reactiva ahora gracias a los avances sobre la "operación Kitchen".
El presidente del PP, Pablo Casado, aseguró el martes que no sabía nada del seguimiento policial al extesorero del partido y que los que comienza a aflorar son investigaciones de "tiempos muy pasados". Martínez-Almeida fue el encargado ayer, en su recién estrenado cargo de portavoz nacional del partido, de ir un paso más allá y admitir que las informaciones que están saliendo son "preocupantes" y que el PP no puede "no asumir lo ocurrido". El también alcalde de la capital de España, y una figura con creciente protagonismo en el partido, pide diferenciar los planos judicial y político. Aboga por que "salga lo que tenga que salir" y por "dejar que se investigue", al tiempo que reclama imparcialidad, objetividad e independencia a la Fiscalía. En el plano político, el portavoz nacional señala que no se puede admitir "dejar fuera de juego al PP". La pretensión del PSOE y Podemos al promover una comisión de investigación parlamentaria es deslegitimar al PP y a Pablo Casado, como principal fuerza de la oposición. Se trata de una "maniobra política" en la que "no pueden pretender" que los populares sean "cristianos en el circo romano". Martínez-Almeida anticipa que "el PP siempre va a dar la cara" y desvincula a la actual dirección de los hechos bajo investigación judicial al apuntar que "son etapas diferentes".
Lo investigado
En el verano de 2013, como Bárcenas recién ingresado en la cárcel, alguien debió temer tanto lo que podía aportar al caso Gürtel y, en concreto, a la causa abierta con su contabilidad manuscrita para investigar la "caja B" del PP, que 70 policías y los medios técnicos del Ministerio del Interior se destinaron a un "dispositivo parapolicial" que les vigilaba a él y a su esposa, Rosalía Iglesias. Es lo que se conoció como "operación Kitchen", de la que no hay registro alguno en Interior, porque se realizó al margen de la autoridad judicial, lo que se trató de ocultar haciendo constar que el objetivo de la Dirección Adjunta Operativa (a cuyo frente estaba Eugenio Pino), al encargársela al Área de Seguimientos Especiales de la Unidad Central de Apoyo Operativo, era averiguar el destino de la fortuna que atesoraba Bárcenas. Además del dispositivo de vigilancia sobre el entorno del matrimonio, su chófer, Sergio Ríos, informaba a Villarejo de sus movimientos a cambio de 2.000 euros mensuales y de acceder al cuerpo.
Todo ese despliegue obedecía al temor que Bárcenas infundía por su conocimiento sobre la financiación ilegal del PP, por haber sido su gerente y luego su tesorero entre 1990 y 2009. En palabras del juez José de la Mata, 53.266 euros de los fondos reservados se destinaron a "una estrategia para desactivar la investigación judicial de la "caja B", cuyas actuaciones, una vez levantado el secreto de la "Kitchen", retoma al solicitar información sobre tres adjudicaciones sospechosas de entre 2003 y 2009.
Rajoy, en el punto de mira
La operación para localizar los documentos en poder de Bárcenas "con el fin de apoderarse de los mismos y sustraerlos a la investigación judicial en curso" debió funcionar, porque el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, sobre cuya imputación tiene aún que pronunciarse el juez, le mandó un sms a su número dos, Francisco Martínez, en el que la calificaba de "éxito".
Un informe policial considera la operación Kitchen "información de inteligencia, que (...) permite anticiparse a las actuaciones judiciales, previéndose los riesgos que pueden entrañar en su estrategia de defensa, así como conocer las vulnerabilidades de la persona y su entorno para aprovecharlas como arma a su favor en una negociación". "A ello hay que añadir la obtención de información de carácter digital en poder de Bárcenas, vinculada a la cuenta de donativos y a la documentación que fue incorporada a un soporte externo de almacenamiento con un disco duro" por parte de Sergio Ríos y quien sustituyó a Villarejo como su contacto con la Policía, Andrés Gómez Gordo, apodado "Cospedín" por su relación con la ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal. Ese disco duro, prosigue la unidad policial, "se guardó en condiciones de seguridad garantizándose con ello el conocimiento de su contenido por parte de los responsables de la formación política y el control sobre la misma evitando la difusión a terceros de información sensible y la posibilidad de que pudiera incorporarse al procedimiento judicial".
Tras su imputación, el ex secretario de Estado de Seguridad comentó que la escala de responsabilidad alcanzaría a Fernández Díaz y considera probable que también al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En una de las grabaciones de Villarejo, en las que se jacta de ser llamado en asuntos delicados "por la izquierda y por la derecha", se le oye decir que "el Asturiano" (alias con el que se refería a Rajoy) conocía el dispositivo. Determinar si era así debe ser el principal objetivo de la justicia.
