La Audiencia Nacional ha condenado a 133 años y cuatro meses de cárcel al que fuera coronel y viceministro de Seguridad Pública de El Salvador Inocente Orlando Montano por el asesinato de cinco jesuitas españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría, la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). La sentencia de la Sección Segunda de lo Penal declara a Montano autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista (los de los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo) y por cada uno de ellos le impone 26 años y 8 meses de prisión. El tribunal precisa que Montano, que cumple prisión provisional desde el 2017, estará en la cárcel un máximo de 30 años.
Los magistrados también consideran al exmilitar autor de los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López y López, de la cocinera de la universidad, Julia Elba Ramos, y de su hija de 15 años, Celina Mariceth Ramos, pero no puede condenarle por ellos al no conceder EE UU su extradición por las víctimas que no eran españolas.
La resolución de la Audiencia describe el conflicto armado que se vivía en El Salvador entre las fuerzas gubernamentales y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). El acusado formaba parte de la promoción de 1966 de la Academia Militar de Oficiales del Ejército Salvadoreño, cuyos oficiales esperaban gobernar el país.
El padre Ellacuría, como rector de la UCA, era uno de los analistas políticos más importantes del país e insistía en la idea de que no sería posible una victoria militar ni de las fuerzas armadas ni del FMLN. Abogaba por la depuración del Ejército, lo que le granjeó la enemistad de la extrema derecha, y de los militares, que decidieron asesinarle en una reunión en la que participó Montano.
La noche del 15 al 16 de noviembre, el coronel Rene Yusshy, cuyo testimonio fue clave en la condena, facilitó a los soldados un fusil AK 47 de fabricación soviética que usaba habitualmente el FMLN para simular su autoría. Los oficiales ordenaron a los jesuitas tirarse al suelo, y el que llevaba el fusil disparó a Ellacuría, Baró y Montes. Después mataron a los otros tres sacerdotes y dispararon contra la cocinera y su hija mientras ambas se abrazaban "hasta acabar con ellas y prácticamente partirlas por la mitad". El juicio por estos hechos en El Salvador careció de garantías de independencia e imparcialidad, según el Tribunal Supremo español.
La sentencia explica que el enjuiciamiento de las muertes es competencia española por tratarse de actos contra víctimas nacionales, perpetrados por un "terrorismo desde el Estado", que "se fragua y desarrolla en determinados núcleos decisivos de poder, como en el presente caso, en el seno del alto mando de las fuerzas Armadas, al que pertenecía el acusado". Ese círculo decidió acabar con los jesuitas "arrogándose ilegal e ilegítimamente el monopolio de la violencia, que corresponde al Estado, y con el único fin de crear terror en la población y alterar gravemente la paz pública", así como "perpetuarse en sus posiciones de privilegio dentro de las estructuras de poder en El Salvador".
