El PSOE ha descartado este viernes que el Gobierno vaya a impulsar un nuevo decreto sobre los remanentes municipales, aunque ha sugerido que "algunos de los aspectos" del texto rechazado por el Congreso se pueden retomar "en alguna otra ley", como la de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
El presidente de la Junta de Extremadura y portavoz del Consejo de Política Federal del PSOE, Guillermo Fernández Vara, ha anticipado la posible fórmula a la que podría recurrir el Ministerio de Hacienda después del rechazo al decreto ley que regulaba el uso de los ahorros de los ayuntamientos, liquidez a la que no tienen acceso para evitar entrar en déficit.
Tras la reunión del Consejo de Política Federal del PSOE, a la que ha asistido el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, el portavoz socialista ha corroborado la postura de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que no se va a presentar otro decreto, como exigen los ayuntamientos que se han opuesto a él.
"La gente tiene que ser consciente de las consecuencias que tienen sus actos", ha advertido Fernández Vara en una rueda de prensa telemática en al sede de Ferraz.
Convencido de que el Gobierno será "sensible" a la necesidad de los municipios de disponer de recursos para afrontar la crisis derivada de la pandemia, el presidente extremeño ha apuntado como solución que los remanentes se puedan desbloquear a través de la ley de los PGE para el próximo año, aún pendientes de aprobación por parte de la Moncloa.
"Hay una ley que no lo permite y sólo lo puede cambiar otra ley", ha justificado Fernández Vara la alternativa abierta tras la derrota del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos en el Congreso después de que 16 partidos votaran en contra del decreto.
Para tratar de buscar una solución, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha convocado una reunión de la Junta de Portavoces de la esta entidad para el próximo lunes, día 14, en la que estarán presentes varios regidores de los partidos que se han opuesto al decreto.
Caballero, que ha afirmado que no va a dimitir, ha avanzado que en la reunión planteará algunas "ideas" y escuchará a la oposición para "ver lo que se puede hacer", si bien ha aclarado que se "parte de cero".
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que representa a los del PP, ha revelado que planteará que se vuelva al punto de partida aceptado por todos en la FEMP.
Este documento inicial establecía un fondo incondicional de 5.000 millones de euros no condicionado a la cesión de los remanentes municipales, cifrados en unos 15.000 millones y que no se han podido usar hasta ahora para evitar incurrir en déficit, como obliga la ley de estabilidad presupuestaria.
El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido a Montero que asuma responsabilidades por "su falta de diálogo, por su incapacidad de gestión y por la soberbia" demostradas, lo que también ha reprochado a Caballero.
En un acto en la localidad madrileña de Arroyomolinos, ha insistido en que se trata de una derrota "histórica" del Gobierno de coalición, al que ha acusado de pretender "confiscar" los ahorros de los consistorio".
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha culpado al PP de impedir una solución cuando "hoy no hay nada mejor para los ayuntamientos" que el decreto que Hacienda llevó al Congreso.
En declaraciones a Canal Sur Radio, ha lamentado que los ayuntamientos del PP hayan "capitaneado una respuesta, una batalla política", como "hace cada día con todas las cosas".
"El PP ha preferido que los ayuntamientos estén ahora sin recursos", le ha responsabilizado Calvo.
El diputado de Compromìs, Joan Baldoví, y el alcalde de València, Joan Ribó, han pedido a Sánchez y a Montero que en vez de buscar culpables, encuentren soluciones y vuelvan a la negociación.
"No cabe decir que es esto o no habrá otra oportunidad", ha respondido Baldoví ante la negativa de la ministra de Hacienda a poner otra oferta encima de la mesa.
El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, ha reclamado al Gobierno la derogación del artículo 135 de la Constitución y de la norma de la estabilidad presupuestaria, conocida como ley Montoro, que priorizan el pago de la deuda al gasto público.
