El proyecto de Ley de memoria democrática que está ultimando el Gobierno, al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, despeja algunas dudas sobre las que los partidos de la izquierda llevan meses dando vueltas o planteando iniciativas parlamentarias, o exigencias en foros públicos o simplemente debatiendo: el Ejecutivo de coalición pretende retirar las medallas a Billy El Niño, aunque haya fallecido ya, y reubicar los restos de José Antonio Primo de Rivera de la zona preeminente de la Basílica del Valle de los Caídos, después de haber hecho lo propio con Francisco Franco.
En lo que concierne al expolicía y torturador en época franquista Juan Antonio González Pacheco, alias 'Billy El Niño'- que falleció en mayo, por covid, antes de que se encontrara la fórmula legal para retirarle las medallas y gratificaciones de las que disfrutaba hacía décadas-, el artículo 43 del mencionado proyecto legislativo, además de una disposición adicional, abren la puerta a dejarle sin honores.
El vicepresidente del Ejecutivo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, manifestó al conocer su muerte su "rabia" por no haber llegado a tiempo de revocar sus condecoraciones y ya apuntó que no renunciaba a hacerlo a título póstumo. Unos días después, socialistas y morados presentaban una proposición no de ley (PNL) en el Congreso que instaba al Gobierno a intentarlo, tanto con González Pacheco como con otros torturadores del régimen que hubieran muerto.
"La revocación también podrá llevarse a cabo a título póstumo cuando la persona condecorada ya hubiera fallecido. En todo caso, la revocación determinará la pérdida de todos los derechos anejos a la recompensa, incluso los económicos, y producirá efectos a partir de la notificación de la resolución que la declare", se apunta en el ya citado artículo 43 de la nueva Ley.
Primo de Rivera y los golpistas
Mucho se ha especulado también, en estos meses, sobre el futuro de los restos del fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera, cuya tumba está en la basílica del Valle de los Caídos, como lo estaba Franco antes de ser exhumado. En Moncloa no se ha ocultado en ningún momento el deseo de que corriera suerte parecida a la del dictador. Bien. Pues ahora el texto del proyecto de Ley de memoria democrática deja claro el camino que se piensa seguir.
"En el Valle de los Caídos solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil, como lugar de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas allí inhumadas -se sostiene en el artículo 55.4-. Asimismo, se procederá a la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto".
A través de una disposición adicional se señala la vía que se utilizará: será una decisión que se adopte en Consejo de ministros, una vez se haya tramitado todo un procedimiento cuya puesta marcha se inicia también con un paso preliminar, de oficio, por parte del Ejecutivo.
Asimismo el anteproyecto advierte de que los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en lugar preeminente de acceso público salvo que sea un cementerio, a fin de que no exista posibilidad de realizar actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de violaciones de derechos humanos acaecidas desde 1936 hasta el final de la dictadura.
Se da la circunstancia de que, actualmente, el general Gonzalo Queipo de Llano está enterrado en la capilla de la Hermandad de la Virgen Macarena de Sevilla, mientras que José Moscardó y Jaime Milans del Bosch lo están en el Alcázar de Toledo. Emilio Mola ya fue exhumado de la 'cripta de los caídos' de Pamplona.
Símbolos contrarios a la memoria
En lo que atañe a los símbolos franquistas, la nueva ley que pretende ser aprobada insiste en la responsabilidad del Estado y sus administraciones a la hora de retirarlos, incluyendo los nombres de localidades y pueblos, además de calles.
También hay responsabilidad de terceros cuando los elementos estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público: "las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos". La excepción vendrá cuando las menciones referidas al franquismo sean de estricto recuerdo privado, "sin exaltación de los enfrentados" o cuando concurran razones artísticas o arquitectónicas protegidas por la ley.
Niños robados, consideración de víctimas
Por otro lado, el proyecto legislativo sobre memoria que está preparando el departamento de Carmen Calvo, al que accedió este diario, concreta con mucho más detalle que la norma ahora vigente quién o quiénes podrán ser considerados víctimas del franquismo: las niñas y niños sustraídos y adoptados sin autorización de sus progenitores como consecuencia de la guerra o la dictadura, "así como sus progenitores, progenitoras, hermanos y hermanas", también lo serán.
Tendrán el tratamiento de víctimas del franquismo -además de los fallecidos o desaparecidos como consecuencia directa de la contienda o la dictadura, los exiliados, o los que padecieron prisión, deportación, trabajos forzosos o internamiento en campos de concentración, incluidos los nazis- los que murieron en combate durante la Guerra civil y quienes padecieron "represión económica".
Adúlteras y abortistas
Formarán parte del censo que preparará el Estado quienes fueron castigados por razones de orientación sexual; los que fueron "depurados" profesionalmente por ejercer cargos y empleos públicos durante la Segunda República o los perseguidos por el uso de su lengua propia. Los ciudadanos que participaron en la guerrilla franquista, así como quienes fueron sus colaboradores, también tendrán ese tratamiento, al igual que los que sufrieron las consecuencias de pertenecer a la masonería, sociedades teosóficas y partidos políticos o sindicatos.
El proyecto apunta que la Administración del Estado deberá adoptar las medidas necesarias, además, para reparar las formas especiales de represión o violencia contra la mujer que se dio bajo la sombra de Francisco Franco, incluyendo el reconocimiento de aquellas que fueron a prisión o sufrieron otras penas por cometer los delitos vigentes entonces de adulterio o aborto.
