La negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se encarrila. Pedro Sánchez da por removido el último obstáculo antes de entrar en harina: el inicial veto de Unidas Podemos a Ciudadanos. Pablo Iglesias levanta el pie, pero a cambio logra dos de sus objetivos: pactar el borrador del proyecto de ley con Hacienda -algo que el PSOE aceptaba de entrada- y sentarse en la mesa con los otros grupos. Eso sí, la subida fiscal que recogía el programa de la coalición queda, por ahora, congelada, lo que permitirá al Gobierno tender puentes con Inés Arrimadas más fácilmente. Un consenso que pone fin, por ahora, al último episodio de tensión que ha agitado a los socios.
Ya no queda duda de que Ciudadanos es el socio elegido por Sánchez para sus primeros Presupuestos, a la vista de que ERC "no tiene margen" para acercarse al Ejecutivo por su pronta pugna electoral con JxCat. Todo está ya bien claro. En una entrevista en la SER, el presidente del Gobierno sostuvo que "no ha habido veto" a Cs. Sánchez verbalizó el pacto interno alcanzado la víspera, en una reunión que mantuvo con Iglesias: "UP y el PSOE somos conscientes de que tenemos que aprobar unos Presupuestos, de que tendrán que ser progresistas y de que no pueden ser unos PGE excluyentes. No podemos excluir a ningún grupo político de esa interlocución". A cambio de ello, los interlocutores -o sea, Cs-, deberán asumir que el Gobierno "no es monocolor, sino de coalición".
La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, dejó aún más claro el marco del consenso interno: las cuentas "son del Gobierno, no de Hacienda", y las dos formaciones se tienen que sentir "razonablemente cómodas" con él. Un entendimiento entre los socios que prevé "rápido".
Justo ayer, para mostrar esa distensión, la Moncloa avanzó a primera hora que Montero se reuniría por la tarde con el responsable económico morado y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Ambos pilotarán el diálogo con los grupos.
Serán unos PGE "progresistas, feministas, ecológicos" y que velarán por la "cohesión", pero el borrador no estará blindado. Se redactarán unas cuentas, dijo Montero, que permitan pactar con partidos que "no pertenecen al mismo espectro ideológico". "Lo importante es que el proyecto que podamos consensuar entre el Gobierno y Cs se abra camino a la mayor brevedad posible" para atar apoyos con el resto de grupos parlamentarios y lograr llevar los PGE al Congreso este mes, explicó la ministra.
A primeros de agosto, Sánchez ya advirtió que la reforma fiscal debería esperar para primar la recuperación. Ese mensaje ayer fue más explícito: la subida impositiva pactada con Podemos "se tendrá que modular". "No podemos ser ciegos a la situación económica. Tenemos a lo largo de la legislatura toda una agenda para una reforma fiscal progresiva". Es decir, que llegará más adelante, para no crear más inseguridad a las empresas en un momento de devastación por el covid-19, pero también, admitían fuentes de Hacienda, para acercarse a los liberales.
La puerta no está cerrada del todo a ERC y, de hecho, tanto Sánchez como Montero incidieron en que el Gobierno no pone pegas para retomar la mesa de diálogo. Pero el objetivo es Arrimadas.
Los guiños del PSOE hacia Cs no terminan de encajar con la visión de los morados. Los de Iglesias se abren a intentar una negociación con los naranjas, aunque siempre como última vía y tras haber agotado todas las demás. Su intención sigue siendo revalidar la mayoría de la investidura para aprobar las cuentas.
A Arrimadas parece no importarle la posición de los morados. La líder de Ciudadanos dejó claro ayer que los Presupuestos se negocian con Hacienda, en manos de Montero y, por lo tanto, del PSOE. Los naranjas quieren un proyecto "sensato y moderado" con "la menor ideología de Podemos posible". "Estos no van a ser los Presupuestos de Iglesias, van a ser los de España para recibir 140.000 millones de Europa", sentenció en una entrevista radiofónica.
