Dos de los fiscales del Supremo que ejercieron la acusación en el juicio a los líderes del "procés", Javier Zaragoza y Jaime Moreno, pidieron ayer a la Sala Segunda del tribunal que suspenda los permisos que disfrutaban los condenados por el referéndum del 1-O para ir al trabajo, cuidar a familiares o hacer voluntariado en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.
La medida, cuya solicitud se basa en el auto del propio Supremo que revocó el 100.2 a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, es complementaria de la suspensión cautelar del tercer grado acordada el martes para Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por una jueza de Vigilancia Penitenciaria en virtud del recurso presentado por el ministerio público, que incluía expresamente su petición de suspensión cautelar.
En el escrito fiscal se informa a la Sala de que ya ha impugnado ante los juzgados de Vigilancia la concesión de los permisos que por aplicación del artículo 100.2 disfrutaban todos los condenados.
Conforme al criterio establecido por el propio Supremo para Forcadell, las impugnaciones contra los permisos previstos en ese artículo deben tener efecto suspensivo, como ya ocurría con las interpuestas contra el tercer grado. Por eso, pide al alto tribunal que según vaya recibiendo la notificación de las audiencias, que hasta esa resolución se ocupaban de resolver estos recursos, suspenda la medida que hace más flexible la ejecución de la condena.
