El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha recibido este martes un aluvión de críticas tras anunciar su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, la puesta en marcha a partir de septiembre de una cartilla covid-19.
Será similar a una cartilla internacional de vacunación y tendrá réplica en la tarjeta virtual, para que aquellos ciudadanos que hayan pasado la enfermedad y tengan anticuerpos, o se hayan sometido a una prueba PCR, tengan registrada esa información en la cartilla, ha explicado Díaz Ayuso en la presentación de la estrategia regional para frenar la proliferación del coronavirus.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez, ha defendido la cartilla covid-19 y ha opinado que "no es desproporcionada" si ayuda a evitar otro confinamiento.
Así, han reprobado la iniciativa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, expertos, los partidos de la oposición en la Asamblea, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) de Madrid, organizaciones de consumidores como Facua y la Coordinadora del Tercer Sector, que ha elevado una queja al Defensor del Pueblo.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha indicado que ningún organismo internacional apoya medidas como la cartilla covid y que tampoco el Gobierno la contempla. "Nosotros no recogemos esto en ninguno de nuestros documentos ni ningún organismo internacional apoya una medida de este tipo. Más claro no puedo ser", ha contestado Illa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En la misma línea, el doctor José María Molero, experto en Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, ha señalado que la cartilla covid-19 "no está aconsejada" ni por la OMS por "los riesgos que conlleva" y ha pedido la Comunidad de Madrid que "explique para qué la quiere".
Según este especialista, equivaldría a "un pasaporte inmunológico" que, de acuerdo con algunos estudios, tiene "más riesgos que beneficios", entre ellos una "falsa sensación de seguridad", además de problemas de "índole ética y moral", profesionales y legales "al diferenciar la equidad en función de que se tenga o no anticuerpos", ha dicho Molero a Efe.
Desde las filas del PSOE, su portavoz en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha cuestionado la cartilla covid, que ve "polémica" y que "de algún modo discrimina a unas personas respecto a otras".
La portavoz adjunta de Más Madrid en el Parlamento regional, Mónica García, ha apuntado que parece "una medida a posteriori" de cuyo uso aún no se conocen detalles.
En nombre de Unidas Podemos, su portavoz de Sanidad, Vanessa Lillo, ha acusado al Ejecutivo de seguir "haciendo populismo sanitario" con medidas como ésta, que "ni responde a criterios científicos ni mucho menos responde a criterios éticos".
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) de Madrid ha calificado de "extravagante" la idea del Gobierno regional y ha recordado que los datos de haber padecido la enfermedad "ya están en la historia clínica de la población".
Facua Madrid ha advertido de que la cartilla covid-19 supone una "vulneración de derechos" del consumidor ante la protección de datos y, además, el hecho de no contagiar "no tiene ninguna evidencia científica".
La Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid ha elevado una queja y una consulta al Defensor del Pueblo contra la cartilla covid por considerar que vulnera los derechos de la población.
Protección de datos
Pero el aluvión de críticas ha llegado más allá. En el campo de la protección de datos y la privacidad, apunta Eduard Blasi, profesor de posgrado de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), la iniciativa presenta "algunos interrogantes" y ha sido acogida con cierta sorpresa.
Aparte de no dar suficientes "garantías" desde el punto de vista sanitario, este experto en derecho digital y protección de datos destaca varios "puntos de riesgo claros" en la cartilla covid: el tratamiento de los datos sobre la salud, una información con "importantes implicaciones en la intimidad", y las "potenciales vulnerabilidades" del sistema que los almacene.
Si éste no es lo suficientemente robusto, los datos podrían correr peligro y estar "incluso al alcance de ciberdelincuentes", explica Blasi, quien además opina que se debería plantear una "evaluación de impacto" antes de implementar estas medidas.
Por otro lado, Blasi no duda de la licitud del registro de clientes de establecimientos de ocio a través del DNI dado que "existe un interés general de proteger la salud de los ciudadanos", pero considera que puede haber medidas "menos intrusivas" en el ámbito de la protección de datos.
Subraya que, a través de esta medida, se van a "recabar y tratar" también datos de personas "sanas" sin que posiblemente exista una "necesidad imperiosa" de hacerlo porque "no presentan ningún riesgo".
Por su parte, Borja Adsuara, abogado especializado en protección de datos, admite que aún hay muchos detalles por conocer y que deberían plasmarse en un texto normativo como la base legal del tratamiento (si es voluntario u obligatorio, y en este último caso si es por el interés vital del individuo o por un interés público esencial) y las garantías de la protección de los datos personales recabados -como el período de tiempo en el que se suprimirán estos-.
A falta de conocer los pormenores, Adsuara declara que "le chirría" que se vaya a pedir el DNI cuando lo que es necesario es un teléfono de contacto, ni siquiera un nombre: "Hasta que no vea la norma no puedo pronunciarme pero lo que me dice el sentido común es que pedir el DNI, incluso te diría que el nombre, por el principio de minimización de datos, me parece exagerado".
En este sentido, recuerda que la app europea de rastreo por proximidad solo solicita un número de contacto y se pregunta por qué ahora en algunas comunidades autónomas se quieren pedir más datos y por qué en lugares de ocio y no, por ejemplo, en peluquerías.
Sin entrar en valoraciones políticas o sanitarias, el experto Joaquín Muñoz recuerda que el reglamento de protección de datos prevé el tratamiento especial de datos, como los de la salud, en situaciones excepcionales como una pandemia.
Ahora bien, recuerda este abogado de Ontier, los datos deben ser tratados por las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones y el tratamiento "no es absoluto". Es decir, se tienen que cumplir las medidas de transparencia y proporcionalidad. Esta última debe justificarse en la necesidad, la idoneidad (que entre todas las medidas la escogida sea la mejor) y la proporcionalidad propiamente dicha (que no sea abusiva la recopilación de datos en relación al bien que se quiere generar).
