La magistrada Maria Jesús Arnau, titular del Juzgado de Vigilancia número 5 de Cataluña, suspendió ayer cautelarmente el tercer grado penitenciario a cinco presos por el 1-O: el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva y Joaquim Forn, el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Todos ellos reingresaron en la cárcel de Lledoners, de donde no podrán salir ni a trabajar, tal como había solicitado la Fiscalía.

Los independentistas presos estarán de nuevo clasificados en segundo grado -el más habitual entre los reos- y solo podrán disfrutar de nuevo del artículo 100.2 del reglamento penitenciario -que les permitía salir de la cárcel unas horas a trabajar y a hacer voluntariado- si lo aprueba otra vez la junta de tratamiento de la prisión.

La suspensión inmediata del tercer grado que les concedió la Generalitat el pasado 14 de julio responde a la presentación del recurso de la Fiscalía que, siguiendo lo establecido por el Tribunal Supremo en una resolución dictada la semana pasada, debe ejecutarse mientras se examina el recurso.

El ministerio público argumenta que el régimen de semilibertad crea una "total sensación de impunidad" y que la progresión a tercer grado es incompatible con "la necesaria realización de los fines retributivos y de prevención general" de la pena, por cuanto continúan "reconociendo los hechos y sus consecuencias pero no el delito". A su entender, no han "superado" ningún programa específico de tratamiento para "abordar tal déficit" y tampoco se ha producido el "necesario acercamiento con el exterior de la cárcel", con la concesión de permisos. Con el tercer grado, los líderes independentistas solo iban a dormir a la cárcel cuatro días y los fines de semana podían permanecer en sus casas.

El recurso sostiene que Junqueras, Romeva y Forcadell "aún no han cumplido una cuarta parte de la condena" y se le otorga el artículo 100.2 del reglamento penitenciario con amplio régimen de salidas, "lo que es del todo inusual". Y, ahora, transcurridos "solo" seis meses desde la clasificación inicial en segundo grado se progresa a tercer grado, "lo que muy lejos de favorecer el cumplimiento de los fines de la pena, lo que hace es crear una total sensación de impunidad tanto en el interno como en la sociedad", añade la Fiscalía. Sànchez, Forn y Cuixart sí han cumplido la cuarta parte de la condena este mismo año.

Además, el ministerio público subraya la "extrema gravedad" del delito de sedición e indica que el bien jurídico atacado es "el orden público y el adecuado funcionamiento de los servicios e instituciones públicas", por lo que "debe ser objeto de un importante reproche".

El independentismo organizó un breve acto a las puertas de Lledoners antes de que ingresaran en prisión los cinco afectados por la orden de la jueza. Los presos se reafirmaron en el derecho a la autodeterminación y animaron a "persistir" y a "no abandonar" esta "lucha". Cuixart, incluso, llamó a los jóvenes a "desobedecer las leyes injustas" y a no temer ni la cárcel ni la "represión". Turull abogó por la unidad independentista "sin esperar a que nos den garrotazos" y Junqueras sostuvo que el Estado les tiene "miedo" y por eso les "encierra".

El president Torra hizo una declaración institucional y exigió a Sánchez "parar las hostilidades" si quiere retomar el diálogo: "Quizás creen que con esta decisión han derrotado a alguien. Al contrario. Nos hacen más fuertes, refuerzan nuestras razones y nos invitan a prepararnos mejor para definitivamente dejar de ser prisioneros de un Estado autoritario que no acepta la voluntad democrática", aseveró.