Felipe VI y su familia se preparan para unas inminentes vacaciones. En la recta final de los viajes que los Reyes están haciendo por toda España tras el fin del estado de alarma, en Palma se da por hecho que en unos días descansarán allí. Un verano más. No hay confirmación aún, pero sí movimientos ligados a la seguridad en el Palacio de Marivent. Pero el panorama no está para mucha desconexión real: a la grave situación sanitaria por los rebrotes de coronavirus, se le suma la amenaza de agravamiento económico por medidas como las de Reino Unido, que impone cuarentena a quienes hayan visitado nuestro país. Un dardo envenenado para el turismo, el gran soporte del PIB.

Eso, en cuanto a las preocupaciones generales que irán también en la maleta estival del jefe del Estado. Después están las particulares pero con repercusión institucional: los tribunales no dejan de dar noticias, todas preocupantes, sobre las polémicas actividades (ya se verá si delictivas) de su padre, Juan Carlos I.

La última ayer, jornada en la que se supo que la Audiencia Nacional reabrirá la denominada pieza Carol, una más de las docenas que rodean al excomisario José Manuel Villarejo, y en la que se imputará entre otros a la expareja del anterior monarca, Corinna Larsen, que será llamada a declarar en septiembre.

El Supremo

Las pesquisas retomadas por el juez Manuel García-Castellón no afectan, a priori, a Juan Carlos, que solo puede ser investigado en el Supremo por su condición de aforado. Y precisamente en el Alto Tribunal será donde se decida, en semanas y por parte de la Fiscalía, si es posible emprender algún tipo de investigación sobre su figura. Pero los datos que se conozcan en la Audiencia podrán influir en su imagen pública, muy deteriorada ya en los últimos tiempos. Y aumentan la presión sobre Felipe VI.

"El Gobierno va a defender siempre la estabilidad institucional. Eso significa tener instituciones robustas, y para esto necesitamos transparencia y ejemplaridad. Todo lo que haga en ese sentido la Casa Real, el Gobierno lo aplaudirá y será bien recibido por la ciudadanía", dijo anoche el presidente Pedro Sánchez, mostrando que cree que Felipe VI debe tomar medidas más drásticas respecto a su padre.

El presidente, como siempre que tiene oportunidad, alabó al actual Rey, porque el Gobierno, al menos en la parte socialista, intenta hacer un cortafuegos para que la Monarquía no se vea arrastrada por las continuas informaciones. Pero en la Moncloa creen que Felipe VI debe tomar la iniciativa. De ahí las palabras de Sánchez.

"Si queremos garantizar la estabilidad de las instituciones, hay que dar pasos a favor de la ejemplaridad y la transparencia", insistió. Dos son las medidas que se han estudiado en la Moncloa, y no son excluyentes: la retirada del título de rey emérito a Juan Carlos y su salida del palacio de la Zarzuela, forzando su traslado a otra residencia en España o incluso al extranjero.

Los socialistas tienen aquí su propio foco en el seno del Gobierno. A los de Podemos, partido republicano, le sabe a poco un movimiento jurídico o un cambio de residencia. Tampoco comparte la frontera entre Juan Carlos I y Felipe VI.