La portavoz en el Congreso de Junts per Catalunya (JxC), Laura Borràs, no ha podido retrasar más su cita ante el Tribunal Supremo y hoy comparecerá por primera vez en calidad de imputada. La dirigente posconvergente está acusada de cuatro delitos por la presunta fragmentación de contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) que se adjudicaron a un amigo suyo durante los años en que la dirigió (2013-2018).

Será su primera oportunidad para negar ante el juez instructor los delitos que se le imputan: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude administrativo y falsedad en documento. Su defensa sostiene que el instructor, el magistrado del Supremo Eduardo de Porres, debía haber contado antes del interrogatorio con una pericial sobre si los trabajos supuestamente adjudicados irregularmente se realizaron y cuál sería su valor real.

Su petición fue rechazada por De Porres, que tuvo que cursar un suplicatorio al Congreso de los Diputados para poder interrogarla, al haber rehusado ella comparecer voluntariamente en febrero, opción por la que se inclinan casi todos los aforados citados por el alto tribunal desde que se introdujo la modificación legal que lo permite.

Pese a que los delitos que se le imputan no tienen relación alguna con el "procés", Borràs trató de librarse de la comparecencia apelando al bloque independentista en el Congreso. La dirigente se declaró víctima de una "persecución política" y ofreció una cuando menos peregrina explicación sobre que la expresión "trapis" se usa a menudo en el mundo de las drogas.