Pedro Sánchez ha roto este miércoles por completo con el discurso tradicional del Gobierno sobre el rey Juan Carlos I. Hasta ahora, en relación con la investigación en Suiza sobre las presuntas comisiones irregulares que el Monarca emérito cobró por el AVE en Arabia Saudí, el Ejecutivo se limitaba a transmitir su confianza en la justicia. Subrayaba la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia, al tiempo que diferenciaba la figura de Juan Carlos I de la de su hijo, Felipe VI, actual rey. Ese fue el mensaje que un día anterior trasladaron la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Pero esta vez, también desde la Moncloa, Sánchez ha ido mucho más allá.

"Estamos siendo testigos el conjunto de la sociedad española de informaciones inquietantes, que nos perturban a todos", ha dicho durante una comparecencia conjunta con el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte. Sánchez tenía la respuesta muy preparada. Sabía que el asunto iba a surgir durante la rueda, y ha querido ser él, y no uno de sus colaboradores, quien transmita esta contundente reflexión, para dejar claro que el Ejecutivo se desliga de Juan Carlos I.

Los 65 millones de Corinna

Pero el presidente también ha querido insistir en que las últimas revelaciones muestran que el sistema funciona en España, pese a que todos los datos sobre las presuntas ilegalidades del Rey emérito llegan de la justicia suiza y no de la española. Hace unos días, se conoció que Corinna zu Sayn-Wittgenstein, examiga del Rey emérito, aseguró a la Fiscalía del país helvético que los 65 milones de euros que Juan Carlos le transfirió en el 2012 no fueron para que ella se deshiciera del dinaro, sino por "gratitud y por amor". Se trató de un "regalo", continuó. "Todavía tenía la esperanza de recuperarme", dijo.

"Hay medios de comunicación que no miran hacia otro lado. Hay una justicia que hace su trabajo. Y la propia Casa Real está marcando distancia respecto a esas informaciones inquietantes", ha dicho Sánchez, haciendo énfasis en la necesidad de marcar distancias entre Juan Carlos I y Felipe VI, quien el pasado 15 de marzo, al conocerse la existencia de presuntas cuentas opacas, renunció a la herencia de su padre y le retiró su asignación. El Gobierno está muy preocupado por el desgaste institucional que puede suponer este escándalo, e intenta combatirlo diferenciando ambos reinados.