La jueza del 8M rechazó los recursos de la Abogacía y de la Fiscalía que pedían anular la investigación sobre la manifestación del Día de la Mujer, al afirmar que la tramitación de los procedimientos penales no estuvo suspendida durante el estado de alarma y negar que instruya una causa general. En un auto, al que tuvo acceso Efe, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid desestima los recursos de reforma . Ahora las partes pueden recurrir a la Audiencia Provincial.
En líneas generales, la magistrada aprovecha para hacer una férrea defensa procesal de su investigación, duramente criticada por la Abogacía del Estado y en menor medida por el ministerio público, además de negar una causa general porque "el objeto de este procedimiento penal se circunscribe única y exclusivamente a las decisiones jurídicas adoptadas entre el 5 y el 14 de marzo" por el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco. La magistrada descarta la indefensión del imputado porque tuvo acceso a toda la documentación; aclara que no necesita motivar su citación como investigado y recuerda que sí concretó los hechos que se le imputan desde el mismo auto que dio inicio al procedimiento, por lo que no suspende la declaración prevista para hoy.
La jueza cierra filas también con el informe forense, del que reniega la Abogacía, que concluye que se debería haber impedido esa manifestación y que tanto el ministro de Sanidad,
Tanto Salvador Illa, como el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, los consejeros autonómicos o el delegado del Gobierno en Madrid conocían la "gravedad" de la situación de la epidemia pero la minimizaron.
Al respeto, destaca su "utilidad" pues "permite analizar desde la perspectiva médica el grado de conocimiento en el periodo que nos ocupa de que mantener la distancia social evita el riesgo de contagio y también determinar desde cuándo se tiene ese conocimiento (que es clave a efectos de valorar si se dictaron resoluciones a sabiendas de su injusticia)".
