La Fiscalía del Tribunal Supremo investigará el presunto pago de comisiones por la construcción del AVE que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí, para determinar si Juan Carlos I figura entre los beneficiarios de esos ingresos. El ministerio público deberá "delimitar o descartar" la relevancia penal de los hechos ocurridos después de junio del 2014, cuando el rey abdicó y dejó de ser jefe de Estado, con lo que perdió la inviolabilidad que le reconoce la Constitución y se abrió la posibilidad de someterlo a una indagación judicial.
Hasta ahora la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, que en diciembre de 2018 abrió unas diligencias para determinar el destino de los 80 millones de euros que la empresaria y examante del Rey emérito Corinna zu Sayn-Wittgenstein habría recibido de Juan Carlos por la adjudicación del AVE del Desierto a empresas españolas en 2011, según contó en 2015 al excomisario José Manuel Villarejo. La grabación figuraba entre el material intervenido al policía, ahora en prisión, por el "caso Tándem" en el que se investigan las cloacas policiales.
En una nota, la Fiscalía General del Estado explicaba ayer que "resulta preciso la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey emérito, quien -como es sabido- se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo". Por ello la fiscal general, Dolores Delgado, dictó un decreto para asignar el caso al fiscal de Sala del Supremo de Delitos Económicos Juan Ignacio Campos, que contará con el auxilio de tres fiscales del alto tribunal ante "la innegable complejidad técnica de estas diligencias de investigación".
Anticorrupción seguía a la espera de una segunda comisión rogatoria cursada a Suiza en relación con las cuentas opacas vinculadas a Juan Carlos I, cuya existencia quedó confirmada a través de la Casa Real, cuando su hijo, Felipe VI, renunció a su herencia y suspendió a su padre la asignación anual que recibe. La investigación española deberá determinar si mantenía esas cuentas después de perder la inviolabilidad y si ello es constitutivo de delito.
Hasta ahora el ministerio público investigaba delitos de cohecho y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales por parte de las empresas adjudicatarias del AVE a La Meca. En esas diligencias se tomó declaración a varias personas, como Shahpari Zanganeh, esposa del traficante de armas ya fallecido Adnan Khashoggi, a la que se consideraba encargada del reparto de las comisiones, y a la propia Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
A través de un comunicado, la empresaria reconoció haber recibido una transferencia del Rey emérito en 2012, como un "regalo no solicitado" para ella y para su hijo por el "cariño" que les profesaba.
Con la asunción por parte de la fiscalía del alto tribunal de la investigación se complica cualquier paso por parte del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del "caso Tándem", contra el monarca, si finalmente decide reabrir la pieza relativa a las grabaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, como estaba estudiando.
Silencio de la Casa Real
La Casa Real guardó silencio ayer sobre la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de investigar al Rey emérito por el presunto cobro de comisiones por el contrato del AVE a La Meca.
La noticia sobre la decisión del ministerio público se conoció durante la visita de los reyes al Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes (CSD), su primera actividad una vez que la Comunidad de Madrid estrenó ayer la fase 2 de la desescalada.
Don Felipe pronunció unas palabras en las que destacó el papel de los deportistas españoles y la importancia de que los ciudadanos actúen como "un gran equipo" para derrotar a la pandemia, pero sin hacer ninguna alusión al asunto la investigación judicial en la que está envuelto su padre.
