El fiscal rebajó ayer, como se preveía, su acusación al exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero de un delito de rebelión, por el que le pedía 11 años de cárcel, a 10 años por sedición y ofreció también como alternativa al tribunal una posible condena por desobediencia, que no conlleva cárcel, pero sí multa e inhabilitación.
La decisión de retirar la acusación por el delito de rebelión era previsible por coherencia con la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés y fue la novedad en la reanudación del juicio, suspendido por la pandemia. La rebaja de delitos beneficia también a los otros dos acusados por ese delito y que también se enfrentaban a 11 años de cárcel: el exdirector de los Mossos Pere Soler y el ex secretario general de Interior César Puig, que fue segundo del exconseller Joaquim Forn, condenado a 10 años y medio por sedición.
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, redujo su petición de pena para estos tres acusados dejándola en 10 años por sedición o como alternativa 10 meses de multa a una cuota de 200 euros diarios por desobediencia e inhabilitación para cargo público, mientras que para la tercera acusada, la intendente de los Mossos Teresa Laplana, mantiene su petición de 4 años por sedición o 5 meses de multa e inhabilitación por desobediencia.
La pandemia obligó a suspender la vista contra el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y la excúpula política de la policía catalana justo cuando estaban a punto de conocer que la fiscalía de la Audiencia Nacional rebajaba su acusación de un delito de rebelión a uno de sedición.
La rebelión era imposible de sostener después de que el Tribunal Supremo no apreciara ese delito al juzgar los mismos hechos. La fiscalía prefirió no anunciarlo en el trámite de cuestiones previas con las que se inició el juicio, para evitar tener que hacer otra modificación al elevar a definitivas sus conclusiones.
Las defensas, por su parte, elevaron a definitiva la petición provisional que consistía en la absolución. El informe de conclusiones del fiscal no se conocerá hasta el próximo lunes. Sí ha facilitado a las partes un escrito de 56 páginas, firmado por Carballo y el fiscal adscrito al caso, Pedro Rubira, en el que esgrime la sentencia del Supremo para defender que la conducta de la exjefatura política de los Mossos fue constitutiva de un delito de sedición.
