La Abogacía del Estado acusa a la jueza que investiga la manifestación del 8M de abrir una "causa general" y "prospectiva" contra la gestión de la crisis sanitaria, que además vulnera las normativa de aplicación del estado de alarma por impulsar una investigación sin urgencia alguna.
Así figura en su recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que abrió el procedimiento penal contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por no prohibir el 8M, y que la Abogacía pide revocar.
En el escrito, los servicios jurídicos del Gobierno advierten que la magistrada "en su afán de encontrar indicios de la tipicidad de los hechos denunciados, desborda el ámbito competencial que ella misma ha acotado previamente". "Solicita de la policía judicial que recabe información no solamente sobre la actuación del Delegado del Gobierno, sino que cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria", señala.
La Abogacía detecta además el "carácter prospectivo de la investigación".
