01 de mayo de 2020
01.05.2020
Faro de Vigo
Consecuencias del desgaste político en el plan de desconfinamiento

La pérdida de apoyo al estado de alarma compromete la salida, avisa el Ejecutivo

Pedro Sánchez quedaría a merced del PP al agrandarse el distanciamiento con los socios de investidura -ERC, PNV, Bildu y BNG se muestran molestos por la falta de información

01.05.2020 | 01:08
La ministra Carolina Darias, ayer, en el Senado. // Efe

El desgaste político que sufre el Gobierno de Sánchez compromete la ejecución del plan para el desconfinamiento a ejecutar a los largo de las próximas semanas. La distancia entre el Ejecutivo y sus socios de investidura se agrandó ayer por la queja de estos últimos de que no están recibiendo información anticipada de las medidas, un malestar que se hizo patente al no exponer el ministro Illa por la mañana en la comisión de Sanidad del Congreso las franjas horarias de actividad que hizo públicas a media tarde. El estado de alarma "es imprescindible en un proceso muy complejo de desescalada", sostiene Illa, quien apela a la responsabilidad de los grupos ante la solicitud, la próxima semana, de una nueva prórroga de esta situación de excepcionalidad.

Pedro Sánchez está a un paso de quedarse sin ningún apoyo fuera del Gobierno. Sus aliados, aquellos que le respaldaron primero en la moción de censura del 2018 y después en la investidura del 2020, acumulan tal malestar por la gestión gubernamental de la pandemia de coronavirus que han enviado un último mensaje a la Moncloa: o corrige el rumbo, o no le seguirán apoyando en el Congreso. ERC, PNV, Bildu y BNG exigen que el Ejecutivo les mantenga informados de las medidas que se adoptan. También reclaman que levante el estado de alarma. Anticipan con ello la ya muy anunciada posibilidad de que el próximo miércoles, cuando se debata una nueva prórroga para ampliar la que está en vigor hasta el 10 de mayo, voten en contra. Si los socios no le respaldan, el apoyo del PP será imprescindible y Sánchez quedará en manos de Pablo Casado.

Los aliados ya subieron el tono el miércoles, en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, y ayer las críticas fueron un paso más allá con la comparecencia de Illa en la comisión de Sanidad. El ministro no explicó en su intervención la medida más esperada del día, la concreción de las franjas horarias en las que se podrán realizar distintas actividades que marcan el primer alivio del confinamiento. El titular de Sanidad alegó para justificar esa falta de información que todavía no estaba ultimada la orden ministerial que regula esos aspectos y se comprometió a que los grupos conozcan las directrices de su departamento al mismo tiempo que quedan listas para su publicación."¿Qué sentido tiene que los que les facilitamos la llegada a la Moncloa nos enteremos de las cosas por las ruedas de prensa?", reprochó a Illa el portavoz de ERC, Gabriel Rufián , quien criticó la "bunkerización" del Gobierno y pidió levantar el estado de alarma. El PNV fue el otro aliado quejoso que reclama también el fin del período de excepcionalidad. "Si el Gobierno de Madrid quiere seguir mandando que siga con la estrategia que ha seguido, pero nosotros no estaremos para acompañarles. El Estado descentralizado no puede saltar por los aires por el estado de alarma y por un mando único que no se justifica", advirtió la portavoz vasca, Josune Gorospe.

Imprescindible

Illa defiende que el estado de alarma siga vigente. "Ha funcionado, es un hecho objetivo", sostiene, y "es imprescindible en un proceso muy complejo de desescalada". "Si no se aprueba (el estado de alarma) no se podrán restringir derechos como la libre circulación, que son básicos" para regular la salida, afirma el ministro.

El Gobierno buscará en los próximos días rebajar las tensiones territoriales en el desarrollo del plan de desescalada, que se abordará en "encuentros bilaterales" con las comunidades autónomas, que son las que siguen a cargo la gestión mientras el Ejecutivo se encarga de coordinar. Así lo anunció ayer la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, en la Comisión general de Comunidades Autónomas del Senado, reunida por iniciativa del PP con el apoyo del PNV, y a la que asistieron cuatro presidentes autonómicos populares.

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