El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha puesto el foco en el tráfico ilícito de maderas para poner freno a una actividad que esquilma bosques en el tercer mundo y beneficia a empresas que burlan los controles para ahorrarse costes y obtener, así, mayores ganancias.

Fue el año pasado cuando la Guardia Civil, en coordinación con los ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica, puso en marcha una campaña de inspecciones junto con las comunidades autónomas para comprobar si las empresas que importan maderas para la fabricación de muebles y otros artículos cumplían la normativa europea.

Se trataba de la operación Quercus, desarrollada en dos fases: una en cada semestre del año. Fueron un total de 608 inspecciones en las que se detectaron 303 infracciones, con el balance de 71 personas físicas y jurídicas investigadas.

Y tuvo tal efecto, como comenta a Efe el teniente Adrián Sánchez, que aunque el número de inspecciones fue similar en ambos semestres, aproximadamente el 65 por ciento de las infracciones correspondieron al primero. "Se aprecia claramente el efecto disuasorio de esos controles", apostilla este agente del Seprona.