La justicia belga desestimó la demanda civil presentada por el expresidente de la Generalitat y ahora eurodiputado Carles Puigdemont y varios de sus exconsejeros contra el juez Pablo Llarena, instructor de la causa por el proceso secesionista catalán. Los demandantes acusaban al magistrado de haber vulnerado su derecho a un juicio justo e imparcial y a la presunción de inocencia por unas declaraciones hechas a La nueva España, del mismo grupo editorial que FARO DE VIGO, en febrero de 2018, en las que Llarena, manifestaba que los encarcelados por su participación en el "procés" no pueden considerarse "presos políticos".

La demanda de Puigdemont y de los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí contra Llarena tuvo un largo recorrido hasta concluir ahora con sus desestimación. Tal y como había solicitado el juez Llarena, el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas se declara incompetente para resolver el caso, una decisión adoptada el 27 de marzo y que trascendió ayer. El Tribunal considera que todas las declaraciones cuestionadas y denunciadas por los políticos catalanes se produjeron en su condición de juez y que, por lo tanto, estaban amparadas por la inmunidad de jurisdicción.

El juez belga también rechaza la solicitud de presentar una pregunta prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, como reclamaba el equipo de abogados de Puigdemont, que tienen intención de recurrir la decisión al considerar que "la interpretación sobre la inmunidad de jurisdicción que hace el tribunal es incompatible con el espacio común de justicia europea", según informa Efe,.

La presentación de la demanda civil contra Llarena se remonta a junio del 2018 y se sustentaba en unas declaraciones en las que el juez manifestó entonces que los encarcelados por la intentona secesionista "no son presos políticos" y su encausamiento respondía a "comportamientos recogidos en el Código Penal".