Unidas Podemos ha vuelto a llevar a la Fiscalía la difusión de varios bulos contra el Gobierno que le acusan de ocultar información sobre el coronavirus y de desatender a enfermos y fallecidos, y que atribuye a una "organización criminal" responsable de utilizar las redes sociales para su propagación.
Los diputados Enrique Santiago, de IU, y Martina Velarde, de Podemos, han decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía ante los dos últimos casos detectados que consideran más relevantes.
Uno consiste en una fotografía de decenas de ataúdes en un almacén acompañada del texto: "La foto por la que están investigando a decenas de policías y sanitarios".
El otro es un vídeo donde aparecen decenas de bolsas de cadáveres hacinados en el suelo supuestamente en el hospital madrileño Ramón y Cajal, con frases como "¿Quieres ver la realidad que te oculta el Gobierno? Pues es ésta. No son 1.000 muertos diarios. Son muchos más. Tirados por el suelo, en bolsas, como perros".
Ambos son casos manipulados. La fotografía corresponde un naufragio ocurrido en Italia en 2013 y el vídeo recoge en realidad cadáveres de un hospital de Guayaquil (Ecuador).
No es la primera vez que Unidas Podemos recurre a la Fiscalía para pedir una investigación sobre bulos relacionados con la pandemia.
La semana pasada lo hizo con otro que recogía la supuesta venta a Francia de material sanitario necesario para combatir la COVID-19.
Al igual que entonces, los denunciantes achacan los nuevos bulos a una "estructura organizada con el fin de difundir graves infundios y falsedades a sabiendas".
Se trata de "mentiras que buscan causar alarma social, desestabilizar la situación política y debilitar la actuación de las instituciones del Estado", apuntan en un comunicado.
El escrito presentado en la Fiscalía desentraña el verdadero origen de las fotos y las imágenes y subraya que los cadáveres fueron atribuidos al Ramón y Cajal, pero luego al Hospital Parc Tauli de Sabadell (Barcelona), al Hospital del Mar de Barcelona y después al Severo Ochoa de Madrid.
Estos centros sanitarios se vieron obligados a investigar y desmentir estos bulos, dentro de la grave crisis sanitaria provocada por la pandemia, recalcan los denunciantes, para quienes sus autores buscan "dolosamente causar una injustificada alarma social", así como "desestabilizar la situación política", creando en suma "desconfianza" y un "enorme desasosiego" en la población.
Por todo ello reclaman a la Fiscalía "las acciones penales que pudieran corresponder" contra sus responsables, a los que imputan los delitos de "simulación de peligro, calumnias e injurias a las altas instituciones del Estado" así como "organización criminal".
