La Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se encuentran a la espera de que Suiza remita los datos sobre una fundación panameña vinculada a Juan Carlos I desde que la hizo una donación de 65 millones de euros a una cuenta de la que fuera su amiga Corinna Larsen.

Los fondos de esa Fundación, que, según un medio suizo, ascenderían a 100 millones de euros, procederían de comisiones por el AVE a La Meca (Arabía Saudí), y su vinculación con el Rey emérito quedó al descubierto en el marco de una investigación de la Fiscalía de Ginebra sobre Arturo Fasana y Dante Canónica, presuntos testaferros de Juan Carlos I en cuentas bancarias en ese país. Es por eso que Anticorrupción, que tiene abiertas desde el pasado año unas diligencias de investigación en relación a esas posibles comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca reclamado a Suiza los datos de que dispongan sobre esa fundación panameña, llamada Lucum.

Esa información, cuando se reciba, se judicializará y, según fuentes jurídicas, podría constituir una nueva pieza de la veintena que componen ya el caso Villarejo. La respuesta helvética sería de una especie de contrapartida a la documentación que García Castellón, a instancias de Anticorrupción, remitió en octubre a la Fiscalía suiza para que ésta la incorporase a su investigación sobre presuntos testaferros de Juan Carlos de Borbón.

Lo que se envió a Suiza fueron, fundamentalmente, los audios del encuentro que mantuvieron, en 2015 en Londres, el excomisario José Villarejo y la que fuera amiga íntima del rey emérito, descubiertas a raíz de la detención del policía en noviembre de 2017.

A lo largo de la conversación grabada por Villarejo, y en la que también estuvo presente el expresidente de Telefónica Juan Villalonga, Corinna habló de un terreno en Marruecos a su nombre que atribuía al Rey emérito, así como de cuentas en Suiza que habría tenido el monarca, manejadas por testaferros, entre ellos su primo Álvaro de Orleans. También hizo referencia a comisiones que el entonces Rey de España presuntamente percibió por el contrato del Ave a La Meca adjudicado en 2011 a un consorcio de doce empresas españolas, entre ellas la constructora OHL.