17 de marzo de 2020
17.03.2020
Escenario judicial

¿Puede acabar siendo juzgado el rey Juan Carlos?

La fiscalía investigará al monarca emérito si halla indicios de que blanqueó dinero tras su abdicación

17.03.2020 | 22:07
El rey Juan Carlos, en una imagen de mayo del 2019.

Cuando la pieza abierta por el audio en el que Corinna zu Sayn-Wittgenstein atribuía al rey Juan Carlos un presunto cobro de comisiones ilegales en Arabia Saudí fue archivada por la inviolabilidad de la que gozaba como jefe del Estado, parecía que el panorama judicial, al menos en lo referido al monarca emérito, quedaba despejado. Pero, pese al archivo, las pesquisas siguieron por parte de la fiscalía suiza y de la Fiscalía Anticorrupción española, centradas no en él, sino en esas presuntas mordidas.

La Audiencia Nacional remitió a la helvética todos los datos que tenía en relación con las palabras de la examiga del Rey, por si podían ser constitutivas de algún tipo de delito. Fruto del trabajo de la fiscalía suiza se ha conocido la presunta donación de 65 millones de euros que el rey saudí Abdalá bin Abdulaziz, que murió en el 2015, habría ingresado en la fundación Lucum, de la que Juan Carlos aparece como beneficiario. El comunicado en el que su hijo renuncia a la herencia que le pueda corresponder da por buena tanto la existencia de esa fundación como de una segunda, Zagatka.

Por su parte, Anticorrupción, a cuyo informe se agarró el entonces instructor del caso Villarejo, Diego de Egea, para archivar la pieza que podía afectar al rey emérito, abrió enseguida una investigación centrada en los 80 millones de euros que, según le contó Corinna al excomisario José Manuel Villarejo en el 2015 en Londres, se habrían entregado a la mujer de un empresario saudí para dar a otro empresario, quien a su vez le habría dado todo o parte a Juan Carlos I.

Dos delitos

A la investigación inicial de la fiscalía española por delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales y de cohecho –que habrían sido cometidos por ciudadanos españoles y extranjeros fuera de España, lo que determinaría la competencia de la Audiencia Nacional–, se ha sumado el de blanqueo de capitales. Fuentes fiscales señalan que este delito tiene carácter autónomo, lo que permite su investigación y enjuiciamiento independientemente de que el que lo originó (el cometido que provoca el origen ilícito del dinero luego blanqueado) "esté prescrito o la persona que lo cometió fuera inviolable".

El rey Juan Carlos dejó de serlo al abdicar en el 2014, momento en el que lo único que conservó fue el fuero ante el Tribunal Supremo, como tienen los miembros del Gobierno o diputados y senadores. Eso significa que si Anticorrupción halla indicios de que ese delito se siguió cometiendo después de que perdiera la inviolabilidad, deberá remitir las actuaciones a la fiscalía del Supremo para que interponga una querella que abra un procedimiento contra el monarca emérito.

Solo en España

Si no los hubiera contra él, pero sí contra cualquier otra persona de las que podrían haber participado en los hechos investigados, Anticorrupción interpondría la querella en la Audiencia Nacional. De lo contrario, daría carpetazo a las investigaciones. Lo que sí aseguran las fuentes consultadas es que solo la justicia española podría investigar y juzgar a Juan Carlos, nunca la suiza, aunque sí pueda hacerlo contra los gestores de su cuenta en ese país, Arturo Fasana y Dante Canónica, y su presunto testaferro, su primo Álvaro de Orleans.

El abogado del rey emérito, Javier Sánchez-Junco, ha dado a conocer este martes a través de Efe un comunicado en el que manifiesta que Juan Carlos I "no ha recibido por el momento ninguna notificación, comunicación o requerimiento de autoridad judicial o fiscal alguna, nacional o extranjera". Añade que, "una vez se cuente con elementos de conocimiento suficientes, se darán las informaciones oportunas".

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