La Comisión Delegada para el reto demográfico echó a andar ayer, poco a poco, a la búsqueda de antídotos contra una enfermedad que lleva años cronificada en amplias zonas del país. El presidente del Gobierno, doce ministros, dos secretarios de Estado, una secretaria general y un subsecretario lanzaron en Logroño la promesa de un plan a gran escala que supondrá "un cambio de tendencia" que se pueda visualizar en el medio plazo y que, sobre todo, debe "terminar generando acciones concretas tangibles". Lo dijo así la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la vicepresidenta Teresa Ribera, que ayer desmenuzó muy por encima el método con el que afrentar este desafío, desde una óptica transversal y afecciones en casi todos los departamentos ministeriales.

Poco después de que Pedro Sánchez avanzase un "plan de choque" con treinta medidas contra la crisis demográfica, Ribera anunció, entre otras iniciativas, la llegada de un "estatuto básico del pequeño municipio", una estrategia con la que flexibilizar las ataduras de la normativa que a veces coarta a los ayuntamientos más afectados por la despoblación. Para ejemplificar cómo sugieren adaptarla a esta realidad peculiar, la ministra descendió al caso concreto de la modificación de las normas de contratación pública. Las vigentes establecen, detalló, "una limitación sobre el número de veces que se puede contratar al mismo proveedor, que puede estar justificada con carácter general, pero que desencadena efectos contraproducentes en pequeños municipios donde a veces es difícil encontrar más de uno".

Volvió Ribera sobre la propuesta de "descentralizar" "centros de referencia de la Administración" para "aproximarlos al entorno rural", aunque no concretó la oferta más allá de mencionar posibilidades como sacar de Madrid hacia la España vacía "centros de proceso de datos, de documentación y archivo o de mantenimiento de infraestructuras viarias". Pueden dar empleo y vida a la España rural, dijo, pero de momento el Gobierno empezó adjudicando por error a Soria el Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social. El traslado duró sólo 45 minutos, los que tardó el Gobierno en rectificar el anuncio inicial.

El desglose de Ribera incluye bajo el paraguas del reto demográfico, asimismo, la flexibilización de la regla de gasto para los ayuntamientos anunciada anteayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y las facilidades para la inversión del superávit "en políticas de lucha contra la despoblación".

La titular de Transición Ecológica aboga por "universalizar" el acceso a la banda ancha, de "actualizar" las escuelas rurales, de incentivar los proyectos de mejora de la eficiencia energética, de "revitalizar los centros territoriales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para que se conviertan en polos de atracción de una oferta cultural novedosa y moderna que haga más atractiva la vida en los entornos rurales", o también de "responder a la nueva demanda de servicios asociada al envejecimiento de la población". En esa línea, el Ejecutivo aspira a abordar "de manera creativa, pero contundente, la garantía de los servicios sanitarios o educativos" y de una "movilidad de proximidad donde se pueden buscar respuestas creativas" entre las que citó "la vuelta al taxi rural con una garantía mínima de ingresos, pero a demanda".

La Comisión Delegada, que se reunirá "cada mes y medio aproximadamente" y "probablemente fuera de Madrid", demuestra, al decir de la ministra, que España "se convierte en pionera en afrontar el reto demográfico como política de Estado asociada a la igualdad".