Dentro del objetivo de déficit de la administración central para el 2020 (0,5% del PIB), el Gobierno encaja su propuesta de un techo de gasto de 127.609 millones de euros para este año. Esta cantidad representa un aumento del 3,8% sobre el de 2019. Ese es el límite de Hacienda para elaborar el proyecto de Presupuestos del Estado para el 2020, que el Ejecutivo confía en ver aprobado "antes de que finalice el verano", según la ministra Montero.

En la apertura del debate, la ministra titular de Hacienda anunció la decisión de flexibilizar la regla de gasto a favor de las corporaciones locales y comunidades autónomas con superávit en sus cuentas públicas. Esa flexibilización permitirá ampliará el concepto de "inversiones financieramente sostenibles" a las que autonomías y ayuntamientos ya pueden destinar parte de los superávits acumulados en los últimos años. Con la nueva formulación, estas administraciones territoriales también podrán usar esos fondos en programas plurianuales de gasto y en partidas de educación, medio ambiente, gasto corriente para el fomento del empleo y la repoblación territorial.

El acuerdo del Consejo de Ministros validado por el Congreso también adelanta el techo de gasto para el 2021, que se fija en 131.437 millones de euros, un 3% más que el del 2020. Además, incluye la senda de deuda pública hasta el 2023, para cuando se prevé que la tasa baje al 89,9% del PIB (frente al 95,5% del 2019).

Lo esperable es que ayer se votara el gasto del año corriente y, en junio, el del próximo. Al hacerlo de forma conjunta, el Ejecutivo ahorra a ERC volver a pasar por esa votación en verano, cuando puede estar en precampaña electoral. La portavoz del PP Elvira Rodríguez denunció la artimaña, que, afirmó, vulnera la ley de estabilidad, ya que no acompaña ese segundo techo con los informes requeridos de Bruselas. Fuentes de Hacienda negaron esa intencionalidad y atribuyeron los términos de lo aprobado a la propia ley de estabilidad.