La Fiscalía del Tribunal Supremo considera que el recurso de casación del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, contra su condena a año y medio de inhabilitación por negarse a retirar los lazos amarillos del Palau de la Generalitat, no debe ser siquiera admitido a trámite. De seguir este criterio la Sala Segunda, la pena que le fue impuesta sería firme automáticamente y no podría ejercer cargo público alguno.

En el informe, la fiscal Pilar Fernández Valcarce también plantea que si la impugnación es admitida, se rechace sin necesidad de celebrar una vista. Sostiene que no hubo ninguna de las vulneraciones alegadas por el presidente catalán para tratar de levantar una condena que él mismo apuntaló al admitir ante el tribunal durante su declaración la propia desobediencia. Si la Sala de lo Penal del Supremo, sigue el criterio fiscal, la inhabilitación de Torra adquiriría firmeza. Pero parece poco probable que el tribunal rechace de plano el recurso, por la trascendencia de la pena impuesta y porque tramitarlo es una forma de facilitarle de algún modo una segunda instancia.