La Fiscalía acusa al Generalitat de aplicar "un tercer grado encubierto" en sus "permisos generalizados" a los líderes independentistas presos. El fiscal se refiere así a las salidas de la cárcel aprobadas en virtud del artículo 100.2 del régimen penitenciario, que permite a cinco de los nueve dirigentes independentistas salir de la cárcel para ir a trabajar y realizar voluntariados. La "excepcionalidad exigida para aplicar este artículo "se ha convertido en una generalidad", constata el Ministerio Público.
La fiscalía manifiesta así al juez de vigilancia penitenciaria su oposición a las salidas para trabajar y hacer voluntariado que la junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners autorizó al expresidente de la ANC Jordi Sànchez y afea a la Generalitat su intención de extender la flexibilización del régimen penitenciario a todos los dirigentes independentistas presos, cuando es una medida "restrictiva".
Hace unos días, el fiscal ya se opuso a la aplicación del 100.2 a Jordi Cuixart. En virtud de este mismo precepto, ayer salió de la cárcel el exconsejero de Interior Joaquim Forn, quien trabajará en el departamento legal de Mediapro y se hará cargo de todo lo que tenga que ver con derecho público en la productora de Jaume Roures.
La fiscalía recuerda que hay tres grados a la hora de clasificar a un recluso y rechaza que el 100.2 sea un grado "intermedio" para acceder al tercer grado ni una modalidad de clasificación. Este artículo, añade el informe fiscal, es una medida "excepcional" y por ello exige una "interpretación restrictiva".
Sin arrepentimiento
El fiscal subraya que Jordi Sànchez presenta, junto a factores positivos, otros que no lo son tanto, como "la falta de reconocimiento del carácter delictivo de su conducta y la asunción de la responsabilidad", pues, a su entender, solo cuando se asume esta situación, "el peligro de recaída en otros episodios delictivos se aleja de manera rotunda". El ministerio público rechaza también que el voluntariado pueda formar parte del tratamiento de una persona que cometió un delito contra el orden público.
