El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato saldrá de permiso, por su buen comportamiento, doce días de la prisión madrileña de Soto del Real, en la que está ingresado desde octubre de 2018 por las tarjetas black de Caja Madrid. Sin embargo, Rato sigue sin obtener el tercer grado ("semilibertad") a pesar de haber cumplido más de un cuarto de su condena.

Según explicaron a Efe fuentes jurídicas, la prisión concedió a Rato un permiso para salir del centro durante dos bloques consecutivos de seis días y el juez así se lo trasladó al que fuera también ex director gerente del FMI, pero faltaba el visto bueno final de la Fiscalía, que se ha conseguido ahora.

El permiso penitenciario llega después de que Rato cumpliera en diciembre más de un cuarto de su pena de cuatro años y medio, lo que permitió al resto de los condenados por las tarjetas black obtener el tercer grado. No obstante, a Rato, expresidente de Bankia, se le privó de esta posibilidad con el argumento de que está pendiente aún de la sentencia del juicio por la salida a bolsa de Bankia en la que la Fiscalía Anticorrupción pidió para él una pena de ocho años y medio de prisión por falsedad contable y estafa a inversores. Desde su entorno se ha manifestado sorpresa por que el tercer grado dependa del devenir del caso Bankia, ya que hacerlo supone vulnerar la presunción de inocencia que siempre acompaña al acusado.

En Tarragona, la junta de tratamiento de la cárcel Mas Enric de El Catllar ha acordado, por su parte, permitir a la expresidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell salir de prisión tres días a la semana, durante nueve horas, para llevar a cabo labores de voluntariado y cuidar a un familiar de edad avanzada.

Según informó ayer el departamento de Justicia de la Generalitat, la junta de la prisión acordó flexibilizar el segundo grado penitenciario de Forcadell mediante la aplicación del artículo 100.2, igual que hiciera la semana pasada la cárcel de Lledoners (Barcelona) con Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Las salidas aprobadas para Forcadell son de aplicación inmediata, aunque deben ser avaladas por el juzgado de vigilancia penitenciaria, previa consulta a la Fiscalía. La expresidenta del Parlamento catalán y de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) fue condenada a once años y medio de cárcel por el Supremo en el "juicio del procés".